La decisión fue tomada por un conjuez de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, quien explicó que los organismos que adelantaban la investigación debieron hacer llegar los procesos a esa entidad.

La contraloría y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que desarrollaban la investigación por el escándalo, debieron haber entregado los respectivos procesos en contra de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a esa misma corporación. Por no haberse dado tal condición, las decisiones tomadas por ambas entidades con relación al tema quedaron anuladas.

Los procesos que se adelantaban debieron ser suspendidos hasta que la sala de conjueces decidiera en torno al conflicto de competencias, dijo Isnardo Gómez, uno de los jueces encargados.

“La Comisión (de Acusación) debió haberlo enviado al Consejo Superior de la Judicatura, y como la Contraloría no aceptó la colisión, no le dio trámite a esa colisión, sino que propuso una autónoma ante el Consejo de Estado. Debió haberle enviado a éste último el proceso, y entonces lo que puede suceder es el castigo propio del procedimiento que son las anulaciones de las actuaciones”, aseveró.