En el marco de la audiencia que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo este pronunciamiento en el caso Mapiripán.

"En este momento vamos a evaluar toda la información y se opinará oportunamente. Pero hoy por hoy no hemos tomado una decisión al respecto", dijo en Washington Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de esta organización.

Al inicio de la semana, la Fiscalía colombiana reveló que en la masacre habrían muerto muchas menos personas de las que se denunciaron, haciendo que el Estado pagara indemnizaciones a personas que no les correspondía. 

En la audiencia estuvo presente un representante del Colectivo de Abogados Javier Alvear Restrepo. Éste representó a Mariela Contreras, la mujer que ahora reconoce haber mentido y al que el estado le pagó más de 1700 millones en indemnizaciones. De esos fondos, el colectivo recibió el 25 por ciento, aunque la ley establece que puede ser hasta del 50 por ciento.
 

Por su parte Cejil, otra de las organizaciones que representó a las víctimas en el caso ante el sistema interamericano, se declaró "sorprendida en su buena fe", de corroborarse la información que circula en los medios.

"Una declaración falsa erosiona la credibilidad de los procesos judiciales a nivel nacional e internacional y creo que es importante que estas acciones sean investigadas pues son reprochables legal y socialmente", afirmó Viviana Krsticevic, abogada en esta organización.

En 1997, la CIDH condenó al Estado colombiano, y el general (r.) Jaime Humberto Uscátegui, quien paga una sentencia de 37 años, pena que recientemente fue reducida.