Más de 15 mil personas marcharon hoy en el centro de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar en defensa de la salud de los colombianos como un derecho fundamental que ha sido vulnerado por diversas prácticas ilícitas en todo el territorio nacional.
La manifestación estuvo encabezada por el secretario de Salud Distrital, Guillermo Jaramillo, y fue recibida por el alcalde Gustavo Petro, quien exhortó a la Corte Constitucional a que “declare el estado de inconstitucionalidad del modelo actual de salud en Colombia; para que ordene, desde la Justicia, desde el derecho, el cambio del modelo actual, para que logremos que la salud ya no sea un negocio de mercaderes, sino un derecho de gente digna”.
“Bogotá es un gobierno de multitudes y no quiere que se mantenga en Colombia la dañina Ley 100, que convirtió a la salud en un negocio no en un derecho”, explicó el Alcalde.
Afirmando que la llamada ‘Marcha Blanca’ debe repetirse, Petro manifestó que la ciudadanía debe levantarse “para no dejar perder sus hospitales, para reabrir el que nos robaron, el San Juan de Dios, y para cambiar el modelo de salud de los mercaderes e instaurar el modelo de la salud del derecho”.
“Hay quienes nos amenazan desde diferentes puestos del Estado, y de la sociedad, cada vez que levantamos la voz del interés general; cada vez que decimos algo. Por ejemplo, que el señor más rico del mundo se quedó con 200.000 millones de pesos del pueblo bogotano, de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que la juventud tiene el derecho y el poder de tener el espacio del campo deportivo, el espacio de la ciudad, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que en Bogotá no puede haber espectáculos alrededor de la muerte de seres sensibles, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que en la ciudad prima el interés general sobre el general, nos amenazan con cárcel”, dijo.
“Vamos a salir en defensa del hospital público y contra los intereses particulares de los muy poderosos negociantes de la salud del pueblo también nos van amenazar con cárcel”, agregó.
Y fue enfático en sentenciar que “no nos asustan las amenazas, mientras estemos acompañados de multitudes. Todo tiempo, todo segundo del tiempo público; todo peso del recurso público; todo esfuerzo de los funcionarios públicos, se va poner en la defensa del interés general, en la defensa de la Constitución del 91, en la defensa de la democracia multitudinaria”.
“Nos pueden llevar a la cárcel, nos pueden destituir, pero la bandera del interés general, no nos la van a quitar”, concluyó.