El proyecto que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres), al que sólo le falta una instancia de conciliación en el Congreso para pasar a sanción presidencial, continúa generando polémica.

Estas zonas especiales con aptitud agropecuaria, impulsan el crecimiento económico del campo, incentivan la conservación del medioambiente y fomentan el acceso y la regularización de la propiedad de la tierra, entre otras funciones que señala la iniciativa gubernamental.

Para el senador conservador de Caldas, Luis Emilio Sierra, es claro que se trata de zonas que demanden elevados costos de adaptación productiva, que tengan baja densidad poblacional, que carezcan de infraestructura vial y aérea, y que resulten inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar.

Sin embargo, para parlamentarios de la Alianza Verde, como Inti Asprilla, la aprobación del proyecto es un error. “Desde el inicio de su trámite en la Cámara de Representantes levantamos alertas sobre la inconstitucionalidad e inconveniencia política de este proyecto, por cuanto pretende legalizar la acumulación de tierras de origen baldío por parte de multinacionales y de empresarios colombianos. Fue un proyecto de ley que se hizo violando el trámite de consulta previa”, dijo.

Asprilla  recordó que se han realizado análisis para tramitar acciones judiciales como tutelas y otras. “… Es muy factible que la Corte declare el proyecto inconstitucional por vicios de trámite y fondo”, sostuvo.

“Las Zidres desafortunadamente plantean una contrarreforma agraria que contradice en todo a lo acordado por el Gobierno en las negociaciones de paz respecto al primer punto de La Habana. No es correcto hablar, por un lado, de una Reforma Rural Integral y, por el otro, aprobar este tipo de proyectos de ley que permiten que los predios, que originalmente están destinados para resolver la crisis de los campesinos sin tierra o con poca tierra, vayan a parar a manos de multinacionales”

Frente a esa clase de argumentos Sierra Grajales precisa que en cuanto a la propiedad de la tierra “los inversionistas o empresarios no van a adquirir la propiedad de la tierra y esta se entregará en calidad de concesión o arrendamiento con el pago de una contraprestación para el Estado”.

El senador ponente recalcó que “el Ministerio de Agricultura, a través de la Unidad de Planeación Rural Agraria (UPRA), será el que determinará cuáles son los productos a cultivar según las condiciones del clima, de la tierra y de acuerdo a los proyectos de desarrollo rural concebidos”.

“Con este proyecto de ley se recuperan cinco millones de hectáreas que van a ser productivas en los próximos cinco años y, de esta forma, Colombia verá reducida sus importaciones de cereales y otros productos”, sostuvo.