“Nunca se vio en riesgo la seguridad del señor Fiscal General o de su familia”, explicó la directora Nacional del CTI, Maritza Escobar, al confirmar la infiltración que sufrió el esquema de seguridad de Eduardo Montealegre.

Escobar aseguró que la infiltración se logró detectar mediante la interceptación de una llamada que le hizo la hoy imputada fiscal de Derechos Humanos, Tatiana Oliveros, a uno de los escoltas del jefe de la entidad.

“Como Cuerpo Técnico de Investigación alertamos una llamada que estaba dentro de una investigación”, dijo, agregando que “tuvimos conocimiento de una llamada que alertó que querían infiltrar el sistema de seguridad del señor Fiscal. Frente a esto tomamos la medidas pertinente y trasladamos a esta persona que presuntamente iba a ser infiltrada”.

De acuerdo a Escobar, el escolta está siendo en la actualidad investigado penal y disciplinariamente.

Fuentes extraoficiales confirmaron que el escolta que entregaba información de la agenda y rutas del fiscal general fue removido de su cargo en el que llevaba dos meses y que se encuentra vinculado a la institución desde el año 2003.

Escobar reiteró que ya se compulsaron copias para que se abran investigaciones disciplinarias y penales a fin de establecer hasta qué punto se pretendía afectar la seguridad del jefe del ente acusador.

Oliveros fue capturada la semana pasada en Neiva, por sus presuntos nexos con miembros de las bandas criminales Los Rastrojos y Los Urabeños, y permanece recluida en la cárcel el Buen Pastor, por los delitos de concierto para delinquir; concusión; prevaricato por acción y omisión; destrucción supresión y ocultamiento de documento público; falsedad material en documento público y asesoramiento ilegal agravado con tráfico de estupefacientes.

Dentro de la investigación, además fueron capturados una abogada litigante y Harak Polanía, que sería muy cercano a Oliveros y el encargado de extorsionar a personas a cambio de no vincularlos con grupos paramilitares.