No hay recursos para aplicar reforma política | El Nuevo Siglo
Miércoles, 26 de Septiembre de 2012

Sin recursos  para la aplicación de las medidas adoptadas por la reforma política se encuentra la Registraduría, anunció ayer el registrador Carlos Ariel Sánchez ante la Comisión Primera de la Cámara.

Sánchez se refirió a la aplicación de la Ley 1475 que reglamentó el acto legislativo 01 de 2009, que fue promulgada con posterioridad a la formulación del presupuesto y por lo tanto medidas como la inscripción de cédulas por 10 meses o el escaneo de las actas de jurados están desfinanciados.

“Para adelantar el proceso de inscripción de cédulas, que se iniciará el 12 de marzo de 2013 y que se extenderá durante 10 meses es necesario contar con 16.000 millones de pesos mensuales, de lo contario este será un proceso fallido”, explicó.

Así mismo indicó ante la Comisión, que la meta de la Entidad es aplicar el uso de biometría en el ciento por ciento de los puestos de votación que se instalen en las próximas elecciones, lo que implica contar con recursos por 120.000 millones de pesos.

En el Congreso, Sánchez también se reunió con la Comisión de Seguimiento Electoral, en la que también estuvo el ministro del Interior, Fernando Carrillo.

El jefe de la Cartera política aseguró que el debate sobre la necesidad de modernizar el sistema electoral nacional se hará sin prejuicios ni temas vedados.

Según Carrillo, la participación de diferentes instancias para la consolidación del texto final del proyecto de Código Electoral constituye una oportunidad histórica para el país, ya que “no se trata simplemente de un esquema normativo, sino de comenzar a pensar a futuro”.

En el anteproyecto que prepara el Gobierno Nacional se han incluido, inicialmente, temas como el de la residencia electoral; unificar el número de miembros a elegir en corporaciones públicas no contempladas en la Constitución, y regular la propaganda electoral y el acceso a medios de comunicación.

También se plantea la unificación del régimen de inhabilidades que no son de carácter constitucional y la modificación de asuntos propios de la organización electoral, tales como los jurados, las comisiones escrutadoras y el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas.