El Ministerio Público le pidió a la Sala Administrativa que difundiera entre todos los jueces una circular que informara sobre las mujeres que han pedido o se han practicado el aborto.

Exhortarle para que igualmente precise a los jueces y magistrados de la República que la reserva ordenada por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional no tiene ni puede tener otro propósito que reservar la identidad e intimidad de las niñas, adolescentes y mujeres que solicitan o se practican un aborto o I.V.E. porque se entran dentro de las causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006 y en todo caso resulta inoponible a la Fiscalía General de la Nación, sobre todo para el caso de los abortos que se practican cuando el embarazo es fruto de una conducta delictiva, así como al Ministerio Público”.

En un comunicado, “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se permite informar que ha cumplido la jurisprudencia constitucional sobre el aborto, de manera que se ha abstenido de solicitarle a los jueces que informen a la Procuraduría los nombres de las mujeres que se han practicado un aborto, tal como se lo había solicitado el Ministerio Público”

“La reserva de la identidad de la peticionaria opera en todo caso en que se interponga una tutela para exigir el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con independencia del resultado del proceso. Así las cosas, esta reserva no está limitada a los casos en que el juez finalmente concluya que la accionante se encuentra inmersa en las causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006, como parece entender el Procurador General de la Nación”,  agregó.