Todo parecería indicar que la coalición mayoritaria en el Concejo de Bogotá, tras distribuir las mesas directivas, tendrá el camino libre escoger contralor y personero.

Sin embargo, se dice que todavía no hay acuerdo sobre los nombres en las bancadas de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Alianza Verde, La U y Conservador.

En asunto no es de poca monta. Los dos organismos de control en la capital del país manejan un presupuesto anual cercano a los 120.000 millones de pesos cada uno y tienen aproximadamente 1.500 servidores públicos, entre los funcionarios de planta y contratistas. Esto hay que multiplicarlo por cuatro años del periodo.

Debido a que la actual elección de los directores de los organismos de control en Bogotá ha sido un tema novedoso, el Concejo no alcanzará a escoger contralor antes del domingo cuando finaliza el periodo del actual Diego Ardila quien aspira a ser personero.

EL NUEVO SIGLO conoció que la mesa directiva de la corporación expedirá hoy una directriz para establecer las reglas de juego.

Y es que después que el alcalde Enrique Peñalosa sancionará el acuerdo 635, el pasado jueves, quedó despejado el camino para que el Concejo elija los mencionados funcionarios.

Mientras sale la directriz, para la Contraloría suena el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, de quien se dice que es cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras.

En cuanto a la elección del personero, quien debe empezar a despachar el 1 de marzo, en la baraja suena el abogado Gustavo Moreno, quien sería impulsado por los liberales, el uribismo y el senador Germán Varón, de Cambio Radical.

Al tiempo que Moreno coge fuerza día a día, al actual contralor Diego Ardila, quien aspira a saltar a la Personería, el pan se le está quemando en la puerta del horno debido a que varios ciudadanos han interpuesto recursos argumentando que su aspiración sería ilegal. Hoy los concejales temen estar inhabilitados para votar por Ardila y quedar enredados en una investigación de la Procuraduría.

La representante por Bogotá, Angélica Lozano, de Alianza Verde, exigió a través de una acción de cumplimiento que se cumpla la ley para que estas elecciones se hagan de acuerdo a la ley, por méritos, y no ‘a dedo’.

Lozano hizo llegar cartas a todos los concejales y a la Procuraduría advirtiendo las que consideró irregularidades presentes en este proceso de elección. Además insistió en que “el resto del país ha dado ejemplo. Bogotá no puede ser la excepción, a favor de elecciones amañadas que solo sirven para poner funcionarios de bolsillo de algunos concejales”.

También la concejal liberal María Victoria Vargas radicó una carta ante la mesa directiva del Concejo para pedir transparencia y garantías para todos los candidatos a Contraloría y Personería.

“Estos dos cargos, personero y contralor, son apetecidos por desafortunadas razones. Son entidades con un papel de primera línea en la gestión pública de la capital. Estos cargos son apetecidos por desafortunadas razones. Para extorsionar o proteger indebidamente a los funcionarios del poder ejecutivo o para deleitarse con su poder burocrático y presupuestal”, expresó.

En la misiva, Vargas señaló que ojalá la nueva mesa directiva del Concejo haga el concurso público para que incorpore rigurosos criterios de idoneidad, experiencia y competencia.

“Ojalá que se derrote la pretensión clientelista de repartir con milimetría política entre los partido estos cargos. O la voracidad ilimitada y el poco talante democrático de quienes sintiéndose equivocadamente victoriosos absolutos en las urnas se creen con derechos para imponer autoritariamente sus candidatos sin importar los méritos, las capacidades y la pulcritud”, escribió.