Improcedente consideró la Sala Penal del Tribunal Superior una tutela que le interpuso el fiscal Eduardo Montealegre a la contralora Sandra Morelli por abrirle una investigación debido a la presentación extemporánea de su informe de gestión trimestral.

Consideró Montealegre que la contralora se extralimitó en sus funciones al elevarle pliego de cargos argumentando que el único órgano que lo puede investigar es la Comisión de Acusación de la Cámara.

El fiscal Montealegre consideró la decisión como “sospechosamente desproporcionada” debido a que el organismo fiscal no tuvo en cuenta el paro judicial que retrasó las labores de la Rama el año pasado.

En la querella se aclara que la encargada de presentar dicho informe era la directora administrativa de la Fiscalía, Marcela Yepes, y no el despacho del Fiscal General.

El documento dice que en su momento Yepes solicitó a la Contraloría General plazo para presentar los reportes.

Son motivo

Sin embargo, Morelli aclaró que la investigación abierta a la Fiscalía ya se había archivado al constatar que el retraso había obedecido al último paro judicial.

"No hubo daño al patrimonio y en este momento la Contraloría no adelanta ninguna investigación contra la Fiscalía ni el Fiscal General", dijo Morelli.

Con todo, Morelli reiteró que cuenta con la competencia necesaria para adelantar estas diligencias.

“Finalmente llegó la información según informó el delegado y el encargado cerró la actuación, de manera que hoy por hoy el trámite administrativo sancionatorio tampoco está vigente”, afirmó Morelli.

Para la alta funcionaria, el fiscal puede ser investigado por la Contraloría, “hasta que no haya modificación a nuestro régimen jurídico, o una alta corte con una decisión vinculante, establezca que el señor Eduardo Montealegre no puede ser investigado, lo cual sería una excepción, sería el único en el conjunto de funcionarios del Estado que ejerciendo gestión fiscal no sería sometido a control”.

“Que se tiene la competencia, sin lugar a duda. No hay motivo para hacer una investigación por responsabilidad fiscal”, pero “si lo hubo por asunto sancionatorio porque no obligó a sus subalternos a que cumplieran oportunamente con la obligación”, manifestó.

Morelli señaló que el proceso que se inició “no fue pensando solamente en el fiscal y en cómo se le hacía daño a la persona del Fiscal”, sino que se trató de un procedimiento normal en el control que se debe ejercer sobre los recursos públicos, en este caso 2,1 billones que maneja la Fiscalía.

Para la contralora Morelli, Montealegre ha querido librarse de la verificación de la Contraloría desde el comienzo de su gestión, “porque ha tenido en su mente la idea fija de que no esté sometidos al Control Fiscal”.

“Lo ha manifestado desde que se posesionó. Inmediatamente empezó con esta argumentación y ha hecho gestiones, todas legítimas de cara a verse eximido de la verificación, del buen manejo de los recursos públicos por parte de esta entidad”, afirmó.

De manera que advirtió que si alguno de los instrumentos que intenta el Fiscal, como las reformas constitucionales o algunos, como esta tutela llegarán a prosperar, se constituiría un riesgo sobre el manejo de importantes recursos a cargo de la entidad.

Dijo sin embargo que en luego de la auditoría realizada, la Fiscalía se ubicó dentro de las entidades con más alto rango de calificación con 8,5, “entonces como se nota, hay mucho ánimo de persecución”.