La exfiscal Ortega urgió a la Corte que inviste al presidente de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. En 2015, dijo que policía y militares, autorizados por él, mataron a 1.767 personas. Entretanto, fue anunciada nueva ronda de negociaciones en Dominicana en diciembre.
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La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, urgió a la Corte Penal Internacional (CPI) a que lance una investigación por presunto abusos y torturas por el gobierno venezolano.
El presidente "Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo Ortega luego de depositar en la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencia.
Ortega, de 59 años, salió clandestinamente de Venezuela a fines de agosto alegando ser víctima de una persecución política, y está bajo protección del gobierno colombiano, que le ofreció asilo.
Delante de la sede de la CPI, bajo la lluvia, luego de entregar los legajos a la oficina del fiscal general de la CPI, Ortega insistió en que Maduro y su gobierno "deben pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela".
Ortega dijo que la policía y los militares mataron a unas 1.767 personas en 2015. El año pasado hubo 4.677 muertes, y 1.846 fueron asesinadas en los primeros seis meses de 2017.
Su expediente incluye testigos oculares, así como entrevistas con expertos y médicos, que detallan presuntos "crímenes, asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil".
Ortega dijo que empezó a recabar informaciones sobre esos crímenes cuando estaba al frente de la fiscalía general en 2015. También denunció al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al de Justicia, Néstor Reverol, o al director del Sebin, Gustavo Gonzales Lopez, entre otros responsables del gobierno.
"También incluimos en la denuncia más de 17.000 detenciones arbitrarias, (...) la militarización de la Seguridad ciudadana (...) que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones", agregó.
"Nos vimos en la necesidad de recurrir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia", añadió.
Desde que huyó inicialmente a Colombia, la jurista ha hecho un periplo por distintos países de la región para presentar pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.
Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria que derivó en manifestaciones callejeras que dejaron 125 muertos entre abril y julio.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sanciones al país.
El expediente de Ortega incluye "crímenes, asesinatos, torturas, encarcelación, así como ataque sistemático y generalizado contra población civil"
Venezuela ratificó el estatuto de Roma que dio creación a la CPI, por lo que en teoría la fiscal general de la organización, Fatou Bensouda, tiene jurisdicción para investigar alegaciones de crímenes de lesa humanidad en ese país.
Desde que se creó la CPI en 2002, la fiscalía recibió unas 10.000 denuncias de grupos, de particulares o de países, para que investigue supuestos crímenes.
Sólo este año, militantes desde México a Filipinas pasando por los Territorios Palestinos presentaron denuncias para obtener una investigación de la CPI.
Hay actualmente 10 investigaciones preliminares en la CPI y 11 investigaciones en curso. La mayoría de las investigaciones estuvieron hasta ahora concentradas en casos de países africanos.
Nuevo diálogo en Dominicana
Delegados del presidente Nicolás Maduro y de la oposición de Venezuela se reunirán el 1 y 2 de diciembre en Santo Domingo para buscar salidas a la grave crisis política, informó el gobierno dominicano.
El encuentro se anuncia tras la suspensión de otra cita pactada por las partes para el 15 de noviembre en Dominicana.
"Los días 1 y 2 de diciembre se celebrará una reunión en Santo Domingo, con gobierno y oposición de Venezuela y los países acompañantes del proceso representados por sus cancilleres y que presidirá el gobierno de la República Dominicana", señaló un comunicado.
Los delegados de Maduro y la oposición cumplirán "una reunión preparatoria de los aspectos metodológicos y técnicos", junto con el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el canciller dominicano, Miguel Vargas, agregó el texto.
Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente que rige en Venezuela como un suprapoder, y los ministros Jorge Rodríguez y Elías Jaua integran la comisión del chavismo.
El experto electoral Vicente Díaz y el negociador Gustavo Velásquez son los delegados de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que en un comunicado consideró "un paso importante" que el gobierno de Maduro aceptara la "garantía de la comunidad internacional".
La MUD, fracturada por diferencias internas, suspendió el encuentro del miércoles exigiendo la presencia de los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, designados como acompañantes durante reuniones mantenidas en septiembre en Santo Domingo.
Los de México y Chile no podían concurrir antes del 21 de noviembre por motivos de agenda.
Maduro recibió la noche del miércoles a Rodríguez Zapatero, acompañante de fallidos acercamientos iniciados a finales de 2016 entre el gobierno de Maduro y sus adversarios.
"Ratifico el compromiso del Gobierno Bolivariano con el diálogo", escribió Maduro en Twitter, al difundir dos breves videos de la visita del exmandatario.
Las partes retomaron los contactos en septiembre, tras protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.
Con los diálogos, la MUD dice buscar "condiciones justas" de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
La coalición denunció un fraude en los comicios regionales del 15 de octubre, en los que el oficialismo ganó 18 de las 23 gobernaciones, y sus principales partidos se negaron a presentar candidatos a los de alcaldes del 10 de diciembre.
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