El parlamento de Nicaragua inició, con el nombramiento de una comisión especial dictaminadora, el trámite formal de un polémico proyecto de reforma constitucional hecho a la medida del presidente Daniel Ortega, que otorgaría más poderes al gobernante, incluida la reelección indefinida.

Tras la lectura de la iniciativa ante el plenario, el presidente del parlamento, el sandinista Rene Núñez, envió el texto a una comisión especial que se encargará de consultar su contenido con distintos sectores sociales y emitir un dictamen en un plazo de hasta 60 días.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene control absoluto en el parlamento con sus 63 escaños de los 92 que lo componen, es el promotor de la reforma, lo que le garantiza su aprobación sin obstáculos.

La reforma parcial requiere de un mínimo de 56 votos de los 92 que tiene el Congreso y debe ser aprobada por dos legislaturas. La primera antes del 15 de diciembre, cuando finaliza el actual período de sesiones.

El proyecto de enmiendas "ya es del conocimiento oficial de los diputados. Ya cumplimos" con el trámite de presentarlo en sesión plenaria, declaró a la prensa la secretaria parlamentaria, Alba Palacios.

La iniciativa propone cambios en dos títulos y 39 artículos y deroga otros ocho, entre ellos el polémico 147 referido a la prohibición de que una persona en ejercicio de la presidencia ocupe el cargo en el período inmediato.

También elimina la segunda vuelta electoral y modifica el mínimo de 35% de votos que debía tener un candidato presidencial para ser electo, de manera que el ganador será el que obtenga la mayoría relativa.

Reelección sucesiva e indefinida

Esta iniciativa "persigue concentrar más poder" al presidente y permitir la reelección sucesiva e indefinida, aseveró este miércoles el analista Carlos Tunnerman, quien en la década de 1990 ocupó altos cargos en la administración sandinista, incluido el de embajador ante Estados Unidos.

Tunnerman opinó además que la reforma es "una muestra de debilidad electoral" del gobernante.

Ortega está actualmente en el gobierno por segundo período sucesivo. Fue electo por primera vez para el periodo 2007-2012, y luego para el siguiente que concluye en 2017.

También formó parte de la junta de gobierno que tomó el poder en 1979 tras la caída del dictador Anastasio Somoza y, posteriormente, fue electo presidente en 1985 para un periodo de cinco años.

El disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) con dos diputados en el Congreso, rechazó "de plano cualquier intento de modificar la Constitución".

El MRS estimó que el contenido de la reforma "representa un grave riesgo" para la nación, la paz política y social.

El rol de los militares

Otro tema polémico en el texto es la posibilidad que se le abre a los militares de ocupar cargos en instituciones públicas de acuerdo "al supremo interés de la nación".

Desde 1990, tras la derrota electoral de Ortega ante Violeta Chamorro (1990-1997), los militares fueron relegados a los cuarteles con sujeción a los civiles y con funciones restringidas a la defensa de la soberanía, como reguardo de fronteras y lucha contra el narcotráfico.

Desde que Ortega retornó al poder en 2007, ha nombrado a exmilitares en distintas entidades públicas e incluso su vicepresidente, Omar Hallesleven, fue jefe del Ejército (2005-2010).

La reforma también contempla la institucionalización de los llamados Gabinetes de la Familia, que antes eran conocidos como Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que la población identifica como órganos partidarios y de control político en los barrios.

Entre los críticos y los defensores de la reforma, el único punto de acuerdo es lo relativo a la inclusión de los nuevos límites marítimos en el mar Caribe, con base en las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en los procesos contra Colombia en 2012 y Honduras en 2007.

El paquete de reformas "no responde a las necesidades del pueblo ni a mejorar sus niveles de empleo, salud, educación, ni profundiza las libertades y derechos individuales, sino todo lo contrario", denunció en un comunicado la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), segunda fuerza en el Congreso con 24 asientos.

"Estamos conscientes de que vamos a utilizar los escaños que tenemos disponibles para denunciar todas estas arbitrariedades, hacer propuestas de nación y no para fortalecer el poder en una persona", dijo el jefe de la BDN, Luis Callejas.