“Ni sumisión ni violencia… resistencia pacífica hasta restituir la Constitución”, fueron las palabras del secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de “paralizar” la recolección del 20% de las firmas prevista para esta semana. 

El líder opositor, al igual que muchos de sus compañeros, reaccionó ante el momento más complejo de la crisis venezolana. La posible salida de Nicolás Maduro del gobierno, con el impedimento que impuso la autoridad electoral, parece inviable. 

En la antesala  de la recolección de firmas, Tareck El Aissami, gobernador del estado de Aragua, anunció que el Tribunal Penal de su jurisdicción había admitido la denuncia sobre un presunto fraude cuando la oposición, a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  recogió millones de firmas para cumplir con la primera fase del proceso revocatorio. 

Los tribunales de Zulia, Apure, Monagas, Carabobo y Anzoátegui –donde el oficialismo es mayoría-  también tomaron la decisión simultáneamente de emitir fallos en la misma línea. La oposición, sin salir del asombro, guardó la esperanza de que las sentencias proferidas por tribunales regionales no fueran acogidas por la máxima autoridad electoral, el CNE.

Pero como si se tratara de una acción fríamente calculada, el CNE, que había dilatado por más de un mes la fecha de la recolección de firmas, emitió un comunicado en  el que acató las “medidas ordenadas por los tribunales”, por lo que decidió “posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial”, desatando una grave crisis institucional y democrática sin precedentes en Venezuela. 

Extralimitación de funciones

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Jesús Ollarves Irázabal, abogado experto en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y ex Juez Penal en Caracas,  explicó que de acuerdo a “la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le correspondería a la Sala electoral o la sala constitucional” decidir sobre la viabilidad del proceso revocatorio, “pero de ninguna manera a un tribunal penal porque estos sólo están facultados para decidir sobre delitos y faltas”.

Los tribunales de los estados, de acuerdo a esta interpretación, “no tenían facultades jurisdiccionales para suspender el referendo revocatorio”, dice Ollarves, demostrando que los jueces penales se extralimitaron en  su competencia al tomar decisiones fuera de sus funciones. 

Según el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), encargado de garantizar los derechos humanos en el país, la simultaneidad de la decisión de los tribunales y el CNE, revela “la existencia de un plan coordinado desde el Poder Ejecutivo para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del mecanismo de referendo revocatorio”. 

PROVEA, tras las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno venezolano horas después de la suspensión del proceso de recolección de firmas, alertó a la comunidad internacional sobre posibles episodios de “persecución, hostigamiento y posibles detenciones contra dirigentes y activistas políticos vinculados a sectores de la oposición política”. 

Su preocupación fue comunicada luego del mensaje del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien  dijo en la noche del jueves, “esperamos que ahora se busque a los responsables, se ordene su detención y vayan a prisión por el engaño que han hecho”, en referencia a los presunto implicados en el fraude durante la recolección de firmas del 27 de abril.  

Dicho fraude se presentó, presuntamente, al momento de recolectar las firmas de personas fallecidas, presos e incluso por la usurpación de identidad, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Verificación de Firmas. Esta presunta irregularidad llevó a los jueces penales a decretar los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos. 

Los motivos de los tribunales, sin embargo, parecen insuficientes. El 27 de abril la oposición, en la primera etapa del revocatorio, logró más de 2, 5 millones de rúbricas,  en una jornada que Henrique Capriles calificó de “probablemente un récord mundial”. De ese monto, un número ínfimo fue objeto de investigación por la comisión de verificación, sin afectar el proceso revocatorio que tendría su segunda etapa la próxima semana. 

En septiembre, sectores de la oposición habían dicho que era probable que el oficialismo buscara impedir por cualquier vía la segunda etapa de la “firmazón”. No eran temores infundados. El chavismo, desde que inició el proceso revocatorio, interpuso 8.600 acciones legales contra la recolección de firmas efectuada en abril 27. Además, para iniciar el trámite revocatorio la MUD, que se presentó como promotora, tuvo que interponer 4 solicitudes ante el CNE, que finalmente fueron respondidas un mes y medio después. 

La máxima autoridad electoral, igualmente, estableció siete fases -no previstas en las normas- para la validación de las firmas, con el fin de dilatar la fecha en la que aceptaba las rúbricas. Por ley, el 17 de mayo debía dar a conocer su decisión, pero luego de múltiples excusas finalmente validó las firmas el 24 de junio, activando la segunda etapa del proceso, hoy suspendida. 

¿Qué viene ahora?

Asombrada, la oposición buscar un nuevo margen de acción frente a la “parálisis” que causó la decisión del CNE. Por lo visto, sólo le queda apelar a la movilización política, ante la cooptación de las ramas del poder por el oficialismo, e iniciar un proceso ante los organismos internacionales. 

Los recursos  legales no parecen eficaces, por el momento,  para reactivar el referendo revocatorio. Venezuela está “ante una situación de usurpación de funciones, y toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Jesús Ollarves, cuando se le preguntó si valía la pena interponer recursos en contra de la decisión de los tribunales penales. 

Lo cierto es que las autoridades judiciales de los seis estados actuaron por fuera de su competencia, lo que implicaría “de oficio la nulidad de esos fallos, y ordenaría la sanción penal, y disciplinaria de los jueces que actuaron fuera de su competencia”, cuenta el abogado. 

Así las cosas, la única vía es la movilización política, como anunciaron los máximos líderes de la oposición,  Henrique Capriles,  Henry Ramos Allup y demás miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes indicaron  que “el miércoles (...) va a ser el inicio de una movilización en todo el país, vamos a tomar Venezuela de punta a punta, todo el pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional”.

Capriles habló de los riesgos de la decisión del CNE a nivel social. El pueblo venezolano afronta tasas de hiperinflación, escasez y devaluación de la moneda, generando un descontento popular que se había moderado con el proceso revocatorio. En 2017, el Fondo Monetario Internacional prevé una hiperinflación proyectada en 1.660%, un desplome del 10% de la economía y una devaluación del bolívar que pasará de 400 a 1.2000 bolívares por dólar, convirtiéndose en una de las monedas más devaluadas del mundo. 

Por ello, el ex candidato presidencial calificó de “muy peligrosa” la decisión del CNE. “No queremos que este país termine en un estallido social y el referendo ha sido contención para que no se dé”, dijo Capriles, hablando por primera vez de “un posible estallido” social.  

La justicia venezolana, tras dar a conocer la decisión de suspender el revocatorio, dictó la prohibición de salida del país de Capriles, Jesús ‘Chúo’ Torrealba y otros seis dirigentes, en un intento por impedir que tengan contacto con organismos internacionales para impulsar el referendo. 

Torrealba, secretario general de la MUD, político y periodista, dijo que la respuesta de la oposición será el “coraje ciudadano”. “El Gobierno necesita desesperadamente que se produzcan dos escenarios: o la violencia o la sumisión. Frente a esos dos extremos, nuestra respuesta va a ser de coraje cívico (…), de resistencia pacífica”, dijo el líder opositor,  llamando a la calma y la manifestación pacífica.  

Visiblemente molesto, Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, indicó que “los chavistas decidieron “asesinar” el referendo" antes que enfrentar  “al gentío” que iba a firmar la próxima semana”, exhortando a la MUD a actuar lo más pronto posible para seguir en el proceso revocatorio. 

Ante la negativa de las autoridades nacionales, Ramos Allup anunció que miembros de la MUD viajarán a Washington para hablar directamente con Luis Almagro y pedirle que aplique la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.

Almagro, a primera hora del viernes,  había afirmado que llegó “la hora de tomar acciones concretas” y dijo que se “confirma el rompimiento democrático” en Venezuela, demostrando que la organización está dispuesta aplicar este instrumento, que había sido pedido unos meses antes por Mauricio Macri y otros líderes de la región. 

Si se aplica la carta, Venezuela sería apartada de la OEA por “la ruptura del orden democrático o su alteración que afecte gravemente el orden de un Estado”, constituyendo un “obstáculo insuperable” para la participación dentro de la organización. 

El recuerdo más reciente es el de Honduras que fue apartada por el golpe de estado que sufrió Manuel Zelaya, en 2009, y conllevó a la suspensión del país del organismo. 

La oposición todavía tiene herramientas nacionales e internacionales a su alcance. Sin embargo, teme que el pueblo, de un momento a otro, pase del descontento a la tristeza, se quede sin ganas de tomarse las calles y las instituciones; o,  use vías diferentes a la pacífica. Maduro le apuesta a la subida de los precios del petróleo para morigerar la crisis. Pero su popularidad está por debajo del 20% y parece que nada puede detener su indiscutible caída.