Promotores ya estudian un “plan b”.
En desacuerdo con la implementación de la cadena perpetua se mostró ayer el procurador Alejandro Ordóñez.
El funcionario consideró que “la cadena perpetua ya existe. Una pena de 60 años es implícitamente un término del cual los condenados no lograrán salir y terminarán sus días en la cárcel”.
El procurador Ordóñez explicó, además, que la aprobación de la cadena perpetua no tendría el efecto que supuestamente se pretende: “Las duras penas que existen son suficientes para castigar esos delitos. Si usted comete un delito contra un menor, esa pena no tiene rebaja”.
La víspera, también la fiscal Viviane Morales se manifestó en desacuerdo con el proyecto que convoca a un referendo para implementar la cadena perpetua: “Creo que eso le quita coherencia a nuestro sistema penal”, señaló la directora del ente acusador; “etendemos que hay que luchar para proteger a los niños pero eso no es sinónimo de imponer la cadena perpetua por Constitución”.
La promotora de la iniciativa, la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, respondió el martes las críticas y dijo que hay que respetar la decisión ciudadana de convocar un referendo: “Yo respeto infinitamente las personas que no están de acuerdo con la iniciativa, pero lo que no pueden desconocer las instituciones ni las personas, es el derecho que tenemos los colombianos de modificar, mediante un referendo de iniciativa popular, una artículo de la Constitución. Son más de dos millones de colombianos los autores de esta iniciativa. Yo los invito a que hagan la campaña por el no”.
Como lo ha venido reseñando EL NUEVO SIGLO, la iniciativa cuenta para su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara con dos ponencias negativas suscritas por tres de los ocho ponentes.
Se trata del proyecto de ley número 260 de 2011 Cámara – 206 de 2010 Senado, “por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un Proyecto de reforma constitucional” que no se pudo votar el martes por falta de quórum y que volverá a ser considerado el martes.
Dado que la iniciativa ya tambalea y cada vez es más alta la posibilidad de que se hunda, sus promotores están estudiando un “plan b”, según lo comentó el representante Simón Gaviria, del Partido Liberal, actual presidente de la Cámara.
De acuerdo con Gaviria, los promotores del referendo estudian la posibilidad de presentar un proyecto que establecería medidas como el registro público de violadores para “que las personas que tengan un historial de abusar sexualmente de los niños tengan restricciones laborales, que no puedan estar a cargo de niños”; también se crearía la figura de espacios seguros para resguardar a los niños de quienes hayan violado a otros menores.