"Neoparamilitares”, “Bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim), “Narcoparamilitares”… En fin, son muchos los nombres que les han dado a las organizaciones que, derivadas de los grupos de autodefensa, se han constituido en los últimos años como la mayor amenaza a la seguridad y orden público en todo el país.

Los informes sobre el avance criminal de estos grupos son cada vez más preocupantes, y si bien es cierto que el Gobierno y la Fuerza Pública lanzaron una estrategia de choque para hacerles frente y advierten que está dando muchos resultados, el riesgo por estas bandas continúa en ascenso, como quedó evidenciado hace pocas semanas cuando buena parte del Urabá antioqueño y algunos sectores de ciudades tan importantes como Santa Marta resultaron afectados por un “paro armado” presionado por la banda “Los Urabeños” en represalia por el abatimiento a comienzos de enero de Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni.

Si bien el Gobierno indicó que ‘paro armado’ como tal no hubo, sino una ola de temor entre la población, lo cierto es que el diagnóstico sobre la amenaza que representan estas bandas se partió en dos a partir de lo que ocurrió en la zona bananera y hasta en Santa Marta.

La ONU, múltiples organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, gobernadores y alcaldes han alertado sobre este claro fenómeno de ‘rebrote paramilitar’ y de las alianzas que las bandas están formando con la guerrilla y la delincuencia común en varias zonas.

Ya no son sólo las disputas a sangre y fuego para controlar corredores de tráfico de drogas y contrabando de armas, sino que ahora buscan apoderarse de todo el ámbito delincuencial en muchos municipios y ciudades, como las redes de microtráfico, sicariato, ‘oficinas de cobro’, extorsión, secuestro, robo de vehículos, prostitución, préstamos ‘gota a gota’…

Y no hay que olvidar que en las pasadas elecciones regionales se denunció que también buscaban ‘infiltrar’ las campañas para gobernadores y alcaldes y, por esa vía, replicar la misma estrategia de cooptación del Estado que practicaron los grupos paramilitares, que se apoderaron de las administraciones y presupuestos de varios departamentos y decenas de municipios.

Primer informe

Hace pocas semanas un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris reseñó, por ejemplo, que las Bacrim constituyen un peligro mayor al que representa la guerrilla.

Según León Valencia, director de esa ONG que analiza a fondo el conflicto armado, estas bandas, identificadas en siete grandes estructuras, tienen presencia en 209 municipios (de un total de 1.103), la mayoría de ellos en las zonas en que operaban los grupos paramilitares que se desmovilizaron en el gobierno Uribe, proceso que cada vez evidencia las múltiples falencias que lo rodearon.

De acuerdo con Nuevo Arco Iris, "esas bandas aportan más acciones de violencia que las guerrillas", aunque sus ataques a la Fuerza Pública son limitados y sus actos se concentran más bien en asesinatos y desplazamiento de civiles. En las zonas donde operan esas bandas, Nuevo Arco Iris contó 126 asesinatos de activistas de derechos humanos y líderes campesinos entre 2007 y agosto de 2011, y les atribuye 2.479 desplazamientos individuales en el primer semestre del año pasado.

Otro campanazo

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz- también ha estado investigando este fenómeno. Al respecto informó que estos grupos o bandas de narcoparamilitares hicieron presencia el año pasado en 406 municipios de 31 Departamentos. Es decir, en 147 poblaciones más que en 2008, cuando afectaba a 259.

De nuevo "Los Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas Negras y Erpac son los grupos narcoparamilitares que han logrado consolidarse a lo largo del territorio nacional, siendo los dos primeros los que mayor incidencia tienen".

Existen otros grupos, como Cordillera, Los Machos, Alta Guajira y uno al mando de Martín Llanos (recientemente capturado en Venezuela y deportado a Colombia), “que aún conservan algunas regiones gracias a las alianzas que están teniendo con los grupos de mayor poder”.

De acuerdo con el ex ministro Camilo González Posso, director de Indepaz, "el análisis nos permite demostrar que estos grupos se han seguido reproduciendo desde 2006" -cuando se desmovilizaron las autodefensas- “bajo diferentes denominaciones".

"Heredaron los negocios (del narcotráfico), las áreas de influencia y de movilidad de los grupos desmovilizados del 2006. Hubo una mutación y eso nos permite hablar de desmovilizaciones parciales e incluso falsas. Se presentó fraude en la entrega de listas (de desmovilizados) y de armas", explicó.

El informe advierte que panorama postdesmovilización fue la presencia de cerca de 40 estructuras paramilitares en el país, “que se vieron en la disputa por la retoma de los poderes locales y regionales (cooptación de agentes del Estado, obtención de contratos y participación en licitaciones), así como el manejo del negocio del narcotráfico (rutas, laboratorios de procesamiento, entrada de insumos y cultivos), minería y refinerías ilegales, explotación ilegal maderera y tráfico de gasolina. En síntesis, los tres años siguientes muestran su incremento vertiginoso, reflejado en el aumento de presencia en municipios y departamentos del país y la consolidación del poder de algunos de los grupos”.

Como se ve, más allá de la guerra de cifras entre y las distintas ópticas sobre el nivel de riesgo que las bandas criminales representan, es innegable que, hoy por hoy, constituyen un riesgo tan grave como extremo.