La delegación de paz del Gobierno fustigó ayer a las Farc por no comprometerse activamente en el desmantelamiento de los campos minados existentes en la mitad de los municipios del país.

"Desde hace varias semanas hemos tratado el tema de gestos para el desescalamiento del conflicto (armado) y en particular una propuesta sobre desminado (...), que sabemos que es crucial para muchas comunidades colombianas", declaró el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, al romper su costumbre de no hablar con la prensa en las negociaciones de paz de La Habana.

"Eso no es ninguna especulación, es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace meses y quería claridad (de las Farc) a la opinión pública sobre el deseo del Gobierno y la necesidad de que se proceda en esos gestos" de desescalamiento del conflicto armado de medio siglo, agregó visiblemente molesto.

Minutos antes, el comandante guerrillero Pastor Alape había declinado pronunciarse públicamente sobre la limpieza de los campos minados, que según negociadores del Gobierno existen en 668 de los 1.100 municipios de Colombia.

"Esperamos que en la mesa (de diálogo) tratemos esos temas para no ponernos aquí a hacer debate (ante la prensa) en ese sentido", señaló Alape ante una pregunta sobre el desminado.

"Son temas de la mesa, (pero) creo que hay, diríamos, un buen camino en esa dirección", añadió Alape, declinando profundizar sobre este complejo asunto.

Reconocimiento víctimas

Desde la isla caribeña, el equipo negociador de las Farc también presentó la quinta propuesta sobre reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Sobre este particular, las Farc manifestaron que “el reconocimiento de los derechos de las víctimas dentro de una perspectiva emancipadora y de transformación social, supone el diseño y puesta en marcha de una política integral de víctimas, acompañada de  la disposición correspondiente y adecuada de recursos de presupuesto, garantizando la participación directa de las organizaciones de víctimas, y respondiendo a sus iniciativas y expectativas”.

Asimismo, en otro punto de la propuesta se refirieron a las mujeres víctimas, donde indican que “para su concreción, se adelantarán masivamente procesos formativos en derechos humanos con enfoque de género; se identificarán las causas sociales y culturales que permiten la prolongación de tal victimización y perpetúan las posibilidades de repetición; se diseñará un capítulo especial de la política pública integral y transformadora sobre víctimas, con enfoque de género, que atienda los principios de trato equivalente en condiciones de dignidad, justicia distributiva, justicia del reconocimiento de las diferencias y paridad en la participación política,  disponiendo los recursos presupuestales”.

En cuanto a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, el grupo guerrillero señaló que “se procederá con la identificación, el diseño de planes específicos para enfrentarlos y la disposición de los recursos correspondientes de presupuesto”.

Igualmente, dice la propuesta “se revisará de inmediato la política de extracción minero-energética y de megaproyectos de infraestructura, en tanto ésta constituya factor objetivo de victimización y de vulneración de los derechos. Se emprenderán acciones para resarcir los derechos de las comunidades víctimas de las aspersiones aéreas con glifosato”.

En materia de organizaciones políticas, sociales y sindicales, el documento indica que “con fundamento en la identificación de factores y políticas de victimización de las organizaciones, se diseñará e implementará, con la participación de ellas, un capítulo especial de la política integral de víctimas tendiente al reconocimiento de sus derechos, incluidos los recursos para materializarlas. La Unión Patriótica, víctima del exterminio estatal y paramilitar será objeto de reconocimiento y tratamiento particular”.

Sobre el capítulo de los presos, el texto manifiesta que “se reconocerán y garantizarán igualmente los derechos de los presos y prisioneros políticos, atendiendo los resultados y recomendaciones de la Comisión especial de estudio de la situación de los prisioneros políticos”.

Finalmente hacen referencia a las víctimas del desarrollo y de la política económica. Allí, dice la propuesta, “se diseñará e implementará un sistema integral de compensaciones, tendiente a superar estructuralmente el hambre, la pobreza y la miseria. Asimismo se pondrá en marcha un agresivo programa de inversión social y empleo. Todo ello supone la realización de un esfuerzo fiscal extraordinario y la superación del modelo económico neoliberal imperante y sus estructuras”. /AFP-EL NUEVO SIGLO