Casi mes y medio lleva el organismo sin tener al frente una cabeza visible.

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Sigue bloqueada por falta de consenso  en el Consejo Nacional Electoral la elección del entrante presidente para el último periodo del actual organismo, después de que el magistrado Alexander Vega terminara su periodo el pasado 20 de julio.

La magistrada Idayris Yolima Carrillo Pérez es la más cercana a lograr acceder al cargo, pues le falta uno de los seis votos necesarios para salir elegida en la Sala Plena compuesta por nueve juristas.

Carrillo Pérez cuenta hasta el momento para respaldar su aspiración con los votos de los magistrados Alexander Vega, Carlos Camargo, Emiliano Rivera y Felipe García.

No acompañan esta aspiración los magistrados Héctor Helí Rojas, Ángela Hernández, Armando Novoa y Luis Bernardo Franco Ramírez.
Carrillo fue elegida como integrante del Consejo Nacional Electoral junto con sus actuales colegas  por el Congreso de la República en pleno en el año 2014. Ella fue postulada por el Partido Cambio Radical.

Los juristas que en este momento apoyan la aspiración de Carrillo a la presidencia de este órgano electoral fueron presentados en el año 2014 al Legislativo por los partidos de la siguiente manera: Alexander Vega (Partido de La U), Carlos Camargo (Partido Conservador), Emiliano Rivera (Partido Liberal) y Felipe García (Centro Democrático).

En tanto que los magistrados que no están respaldando la postulación de Carrillo Pérez a la  presidencia del Consejo Nacional Electoral fueron presentados al Congreso de la República para su elección  en 2014 por partidos, de la siguiente forma: . Héctor Helí Rojas (Partido Liberal), Ángela Hernández (Partido Conservador), Armando Novoa (por los partidos minoritarios) y Luis Bernardo Franco Ramírez (Partido de La U).

Responsabilidad

Al nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral le corresponderá asumir la vocería y representación del organismo en el último de los cuatro años del periodo de esta corporación, que va hasta julio del año próximo.

Sin embargo el reto más importante para el entrante presidente será la campaña y la elección del Congreso y presidente de la República en marzo y mayo de 2018, respectivamente, proceso que el Consejo Nacional Electoral debe  inspeccionar y vigilar con el fin de que sea transparente y todo el proceso se ajuste a la normatividad establecida.

El actual Consejo Nacional Electoral podría ser el último como se conoce desde la Constitución del 91, pues el proyecto de reforma política y electoral que se discute en el Congreso, como parte de la implementación normativa de los acuerdos de La Habana, suprime este organismo para darle paso al Consejo Electoral Colombiano.

Uno de los ejes de esta reforma apunta al fortalecimiento  de la organización electoral con la creación del  Consejo Electoral Colombiano, el cual en cuanto a su composición propone que los magistrados sean elegidos en partes iguales por el Presidente de la República, el Congreso y los Presidentes de Altas Cortes.  De igual forma son eliminadas las funciones jurisdiccionales que tiene el actual organismo, con excepción de aquella en relación con las impugnaciones contra las decisiones de los partidos y movimientos políticos.

La principal crítica que de tiempo atrás se ha hecho al Consejo Nacional Electoral es el origen político de sus magistrados, pues los mismos son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso de la República, lo que deja una mácula sobre la independencia en sus decisiones. De igual manera, la iniciativa le da al organismo la autonomía administrativa y presupuestal que ha reclamado por más de dos décadas.

La propuesta sobre cómo será conformado el primer Consejo Electoral Colombiano ha caído bien en cuanto a que el presidente de la República y las altas Cortes elijan, mas algunos sectores no comparten que también participe el Congreso por su carácter político.

La iniciativa contempla que después de la primera elección para integrar el Consejo Electoral Colombiano, las vacantes que se presenten se llenarán por el mecanismo de cooptación.

En igual sentido se ha destacado el hecho que al organismo que se crearía se autoriza a ejercer funciones de policía judicial para el control a la financiación ilegal y demás irregularidades electorales. Sin embargo esto último no será posible si no cuenta con  el personal y los recursos suficientes.

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