Repsol acusó el martes al gobierno de Argentina de expropiar YPF para tapar su propia "crisis económica y social" y anunció que reclamará 10.000 millones de dólares por una decisión tildada de hostil por el gobierno español, cuyo presidente llega a Latinoamérica en busca de apoyos.

La expropiación "sólo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina", lanzó el patrón de Repsol, Antonio Brufau, un día después de que la presidenta Cristina Kirchner anunciase su intención de renacionalizar YPF, haciéndose con el control de un 51% de las acciones, todas ellas provenientes del 57,4% actualmente en manos de Repsol.

"El país tiene una crisis inflacionista, con niveles de inflación superiores a los que declara, de transporte, y crisis cambiara arbitraria que ha llevado a que la economía argentina no sea competitiva", afirmó.

Las autoridades argentinas acusan a la petrolera de no invertir en el país agravando el déficit energético, pero según Brufau las carencias son sólo el fruto de una "política energética equivocada".

"A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad", afirmó en Madrid ante una sala abarrotada de periodistas.

Brufau aseguró que su grupo pedirá "una compensación a través del arbitraje internacional" que deberá "ser al menos igual" al valor de su participación, que estimó en 10.500 millones de dólares.

La prensa española denunció unánimemente un "expolio".

Esta decisión "sitúa a Argentina al margen de la comunidad económica internacional", afirmó el diario El País vaticinando que "la YPF dominada por la camarilla que gobierna Argentina perderá cualquier posibilidad de beneficio".

Su competidor conservador El Mundo denunció también "una burla a España", debido a una referencia velada de Kirchner a la cacería de elefantes que puso al rey Juan Carlos en el centro de las críticas que llueven desde hace semanas sobre la monarquía española.

La expropiación de YPF "es una decisión hostil contra Repsol, por tanto contra una empresa española, por tanto contra España", había lanzado el lunes el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Ofensiva diplomática

Por segunda vez en cuatro días, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo se reunió con el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, en un ambiente de nerviosismo que obligó a la cancillería a desmentir rumores sobre una retirada de su embajador en Buenos Aires.

García-Margallo advirtió de las graves consecuencias que la expropiación puede tener para Argentina, quien "puede que vea cortado el acceso al crédito internacional" debido a una pérdida de confianza, advirtió.

En este contexto, el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, llegaba a México en su primera visita a Latinoamérica, planeada desde hace semanas pero que bruscamente se convirtió en una ocasión para captar apoyos internacionales.

Invitado al Foro Económico Mundial sobre América Latina en Puerto Vallarta (oeste), iba a coincidir con dirigentes de varios países latinoamericanos y los responsables de la OCDE, la OEA, la Secretaría General Iberoamericana y el Banco Interamericano de Desarrollo.

España ya tiene el pleno respaldo de sus socios europeos en este conflicto. Bruselas está "sumamente decepcionada" por la decisión de Argentina, reafirmó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Incluso antes de la llegada de Rajoy, el presidente de México Felipe Calderón había reprobado también la expropiación de YPF.

"Me parece muy lamentable que el gobierno de Argentina, nuestra amiga Cristina Fernández, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie", afirmó. "Es una medida muy poco responsable y muy poco racional", agregó.

Pero no todas las voces en Latinoamérica fueron críticas con la prueba de fuerza argentina, que fue saludada y respaldada por el presidente venezolano Hugo Chávez. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que en mayo de 2006 nacionalizó los hidrocarburos, se abstuvo de opinar.

Se aviva mientras tanto el temor a que sigan otros ataques a empresas españolas en Argentina u otros países de América Latina, de cuya prosperidad económica dependen muchas compañías de España, sumida en una profunda crisis económica.

El gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordoñez, confirmó este martes que el país, golpeado por un desempleo récord de casi 23%, volvió a entrar en recesión dos años después de haber salido de ella.

El gobierno español prevé una contracción de 1,7% del PIB en 2012 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguró una caída de 1,8%./AFP