Legislar sobre drásticos castigos para los agresores sexuales, especialmente cuando las víctimas del delito son menores de edad, ha sido una de las misiones que se han abrogado los actuales congresistas desde que se posesionaron hace dos meses.

Por ello, desde el 20 de julio se han anunciado varias iniciativas, aunque hasta ahora solo se han radicado tres proyectos de ley que buscan proteger por un lado a los menores de edad que han sufrido algún tipo de agresión, así como aumentar las penas para quienes se dediquen al proxenetismo y la explotación sexual, y también eliminar los beneficios judiciales o administrativos para aquellos que abusen de personas adultas.

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Sin beneficios

La primera propuesta la hizo la senadora María del Rosario Guerra, del partido Centro Democrático, el 25 de agosto, buscando eliminar la libertad condicional, redenciones y otros beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan delitos sexuales, previstos en los artículos 205, 206, 207, 208, 209 y 210 del Código Penal.

De acuerdo con la parlamentaria, en la actualidad el subrogado de libertad condicional está excluido cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, pero no cuando se trata de mujeres o mayores de edad. Por lo que plantea la posibilidad de acceder a la suspensión de la ejecución de la pena, libertad condicional, reclusión domiciliaria, prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y sustitución a la detención preventiva.

De acuerdo con lo expuesto, Guerra explicó que “se prevén exclusiones para algunos de los subrogados penales y beneficios a los que pueden acceder las personas privadas de su libertad. El artículo 68 del Código Penal dispone que no se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los otorgados por colaboración regulados por la ley, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco años anteriores o cuando haya sido condenada por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, entre otros”.

Acción penal

La segunda iniciativa fue radicada el 11 de septiembre por el representante por Bogotá, José Jaime Uscátegui, también del Centro Democrático, buscando adicionarle un parágrafo al artículo 44 y modificar el artículo 250 de la Constitución para la protección de los niños y niñas víctimas de delitos sexuales.

Frente a la incorporación del parágrafo, la iniciativa contempla determinar de manera incondicional la competencia a los jueces penales de la jurisdicción ordinaria teniendo como fundamento la prevalencia de los derechos de los niños. Por lo que el parágrafo a incluir sería el siguiente: “En todos los casos en los que resulten como víctimas de delitos sexuales los niños y niñas, se mantendrá la competencia en cabeza de los jueces penales de jurisdicción ordinaria”.

Según la exposición de motivos, el proyecto surge de la necesidad de reforzar la protección de los menores, debido a que “son diversos los flagelos de los que son víctimas los niños y las niñas de Colombia, haciendo necesario que el Estado observe con especial cuidado en la protección de sus derechos”.

El proyecto también plantea modificar el artículo 250 de la Constitución adicionándole un numeral con el que pretende reafirmar que es en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, “ejercer la acción penal en todos los supuestos de delitos sexuales en donde resulten como víctimas niños y niñas, promoviendo la protección de los mismos a través del proceso penal ordinario. Solo así, se garantizará que no se dé un retroceso en términos de protección de víctimas y medidas de participación que a través de esta entidad se han consolidado”.

Contra el proxenetismo

El 12 de septiembre, un día después de la radicación del proyecto anterior, varias congresistas del Partido Conservador, entre ellas la senadora Nadia Blel, presentaron en el Congreso una iniciativa que pretende castigar de manera contundente a aquellas personas que sean sorprendidas ejerciendo el proxenetismo y la explotación sexual con menores de edad.

Según la congresista Blel, el proyecto de ley tiene como principal objetivo incrementar las penas para quienes cometan delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, debido a que estas “deben ser sancionadas con las medidas más drásticas, enviando un mensaje social contundente de rechazo y cero tolerancia a la realización de estos crímenes”.

“Queremos hacer un llamado a todos los Colombianos, al país y un llamado muy especial al Gobierno para que se tomen las medidas administrativas para establecer y proteger los derechos de los niños que hoy están siendo vulnerados en nuestro país”, manifestó Blel.

Por su parte, la senadora conservadora Esperanza Andrade expresó que “radicamos un proyecto para contrarrestar la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, con endurecimiento de los castigos y sanciones”.

Esta propuesta se acerca a las políticas del actual Gobierno en relación con el endurecimiento de las penas para quienes atentan contra las garantías de formación y libertad sexual de los menores, cuya máxima expresión sería el establecimiento de cadena perpetua como sanción para violadores y asesinos de niños.