Debido a que persisten las condiciones de hacinamiento y vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos en la mayoría de cárceles del país, la Corte Constitucional ordenó ayer en un Auto al Ministerio de Justicia, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), diseñar y establecer un sistema de priorización de los centros de reclusión en situaciones más graves para mejorar las condiciones.

Con este propósito el alto Tribunal, a través de la Sala de Seguimiento a las sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015, en que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por las deficientes condiciones en que se atiende a la población reclusa, dio al Gobierno un mes a partir de la notificación de este Auto para que tenga listo un sistema de priorización que permita garantizar los derechos fundamentales de la población privada de libertad en los centros de reclusión que se encuentran en situación mayor gravedad.

También la Corte ordenó en un término de dos meses diseñar un plan de contingencia sobre los centros carcelarios y penitenciarios priorizados, el cual deberá contener un cronograma de las actividades que llevarán a la satisfacción progresiva de los derechos fundamentales y el presupuesto destinado para la ejecución de este plan.

Además la Corte exhortó a todos los jueces para que, de conformidad con la metodología definida para la aplicación de la regla de equilibrio decreciente a través del juicio de proporcionalidad, y en ejercicio de la sana crítica y de la autonomía e independencia judicial, al momento de resolver las acciones de tutela que soliciten la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, evalúen si tal medida es aplicable.

La regla de equilibrio decreciente se implementó producto de la declaración que hizo la Corte de un Estado de Cosas Inconstitucional por las deficiencias del sistema carcelario. Se aplica en aquellos casos en los que se enfrenta una situación de hacinamiento grave y evidente.

De conformidad con tal regla se permitirá el ingreso de personas al establecimiento siempre y cuando no se aumente el nivel de ocupación y se haya cumplido el deber de disminuir constantemente el nivel de hacinamiento.

A propósito de una reciente información que el Ministerio de Justicia entregó a la Sala Especial de seguimiento a estas sentencias, indicó que son 39 los establecimientos que aplican la regla de equilibrio decreciente y sobre 55 recae alguna orden de cierre.

Para esa cartera, tanto la aplicación de la regla, como la omisión del cumplimiento del deber legal de las entidades territoriales, agravan la situación de hacinamiento de los establecimientos de reclusión del orden nacional.

No obstante, la Corte indicó en dicho Auto que “la regla de equilibrio decreciente no puede ser eliminada del ordenamiento jurídico por esta Sala Especial” porque hace parte de una decisión judicial que goza de cosa juzgada constitucional y corresponde a cada juez decidir, de conformidad con el caso que resuelve, el tipo de órdenes requeridas para amparar los derechos de la población privada de libertad.

En febrero pasado en una sesión técnica de trabajo solicitada ante la Corte Constitucional, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, presentó ante este alto Tribunal el Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia, con el que dijo se empieza a responder a los requerimientos de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.

Sin embargo, Borrero dijo que poner en marcha el Plan no es fácil, dadas las restricciones presupuestales de las entidades. “El presupuesto de la Uspec para este año es de $300 mil millones para inversión, y resolver todo el problema de manera acelerada requeriría muchísimos más recursos: cerca de $14 billones que hoy no tenemos”, explicó la alta funcionaria, quien hizo énfasis en que en esta administración se dará inicio al Plan, pero que el mismo deberá tener continuidad en las próximas. También añadió que para atender esta coyuntura se están estructurando alianzas público-privadas con el fin de tratar de generar entre 12.000 y 24.000 cupos adicionales.