Que se adopte de manera urgente un sistema de etiquetado frontal sobre los productos comestibles ultraprocesados, que alerte si tienen exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas, es lo que busca una acción popular presentada por la Red Papaz.
La violación sistemática y reiterada de los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes a la salud y a la información, y a no recibir publicidad engañosa es el argumento de la acción interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Invima, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Postobón y Alpina.
Según la ONG, esta demanda se funda en la falta de información que tiene el actual etiquetado y la falta de protección de los derechos de los consumidores, y en particular a niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, la acción busca que dos empresas privadas se abstengan de continuar difundiendo publicidad engañosa sobre sus productos dirigidos a niñas y niños, dando un mensaje equivocado sobre sus componentes. “A través de su publicidad se da a entender que se trata de productos naturales, cuando en realidad se trata de productos ultraprocesados con exceso de ingredientes críticos como el azúcar”, aseguró la entidad a través de un comunicado.
Red Papaz hizo un llamado a que los derechos de los menores de 18 años prevalezcan y que el Estado vele por su adecuada protección, cumpliendo las funciones que les correspondan e impulsen de manera expedita y prevalente los procedimientos que tienen como propósito la protección de los derechos de las personas menores de 18 años.
Según Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, “la acción popular fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la violación sistemática y reiterada de los niños niñas y adolescentes a la salud, a la información, a no recibir publicidad engañosa y a ser protegidos de manera pronta ante esta situación. La acción fue aceptada y ratificada ante las partes”.
Piñeros insistió en que la acción popular está fundamentada en “las múltiples acciones de la sociedad civil velando por estos derechos que no han sido atendidas. Además el 21 de diciembre presentamos una queja ante la Superintendencia de Industria y Turismo por publicidad engañosa de dos productos de dos empresas. En el primero, luego de las medidas cautelares el tribunal administrativo se demora año y medio en decretarlas y ha hecho muy difícil la participación de Red Papaz como tercero en el caso. En el otro caso aún no ha determinado si hay o no publicidad engañosa en la publicidad emitida”.
Por otro lado, Piñeros hace un llamado para que la “Autoridad Nacional de Televisión tome medidas contra los canales por emitir un mensaje publicitario de un producto comercial que había sido suspendido por el Invima. Lo más grave aquí es que el Ministerio de Salud debía haber emitido, debido a la aprobación de la Ley de Obesidad del año 2009, un etiquetado claro que informara a las personas de manera inmediata si un producto ultraprocesado es alto en azúcar, sodio o grasas saturadas y aún no lo ha hecho”.
De hecho, anotó Piñeros, la Ley 1355 de octubre 14 de 2009 en su artículo 10 indica que “con el ánimo de mejorar el conocimiento que tiene la población en general referente a los contenidos nutricionales y calóricos, los productores de alimentos entregarán la información en el etiquetado de acuerdo a la reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección Social. En la expedición de esta reglamentación, el Ministerio será cuidadoso de ofrecer un periodo de transición que permita que los pequeños productores puedan adecuarse a esta obligación”.
Consideró Piñeros que “el Estado no debería permitir la indebida interferencia de la industria que tiene intereses económicos en estos productos ultraprocesados no saludables que no ha permitido el avance de estas políticas y regulaciones y que está en detrimento de la población más vulnerable del país”.
El año pasado el proyecto de ley de etiquetado frontal para productos ultraprocesados se cayó por falta de trámite debido a que no logró pasar de primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.
La iniciativa pretendía que los alimentos llevaran un sello en el empaque con información detallada sobre altos niveles de azúcar, sodio o grasas saturadas en ellos. Estos productos correspondían a los paquetes salados, paquetes dulces, golosinas, bebidas azucaradas, sopas instantáneas, cereales o embutidos industrializados. No es la primera vez que el proyecto se presenta y se hunde.