“El hecho de que regresemos a clase no significa que vayamos a dejar de lado la defensa de la educación pública, porque esta es una pelea de largo aliento en la que los documentos construidos en la U.N. serán fundamentales para construir una política de Estado en educación superior”.
Así lo advirtió Alejandro Palacio, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) y uno de los líderes del movimiento estudiantil.
Al destacar que terminar el segundo semestre de 2018 es una prioridad para los estudiantes, llamó la atención sobre la importancia de continuar realizando unos procesos de veeduría interna y externa, con el fin de garantizar que los dineros se ejecuten en forma adecuada y que las distintas instancias gubernamentales cumplan con lo acordado.
Más allá de los logros económicos alcanzados –el representante menciona que con una cifra que supera los 5,85 billones de pesos con destino a las instituciones públicas de educación superior, el movimiento estudiantil logró que el público en general tomara conciencia sobre la importancia de dar respuestas efectivas a problemas históricos.
“Después de más de dos meses de movilización, en los que miles de estudiantes salimos a las calles a llenarlas de alegría y creatividad, logramos poner de nuevo en la agenda del país la educación pública como tema prioritario”, destaca el estudiante Palacio.
Así mismo recalcó el hecho de que aunque hasta ahora el movimiento estudiantil había sido el vocero de la necesidad de adelantar una serie de reformas, nunca había alcanzado una posición como interlocutor válido con capacidad de negociar con el Gobierno.
Mesa de diálogo
El vocero de los estudiantes recordó que se tiene previsto conformar una mesa permanente de diálogo, la cual, a partir de febrero, se encargue de convocar a reuniones bimestrales tanto para verificar los avances de los acuerdos como para adelantar reformas normativas frente al Icetex y a la Ley 30 de 1992, entre otras.
“Aunque sabíamos que estábamos negociando en condiciones adversas, el 14 de diciembre nos comprometimos a socializar lo pactado, en la segunda y tercera semana de enero”, puntualizó el representante, quien recordó que para las sedes de la U.N. en Medellín, Manizales, Palmira y Bogotá se tiene previsto adelantar las correspondientes asambleas el 15, 16 y 22 de enero.
Acuerdos sustanciales
El representante estudiantil destacó que gracias a los acuerdos alcanzados con el Gobierno se logró un incremento significativo no solo en la base presupuestal sino también en inversión en los campos de ciencia y tecnología.
“Ahora contamos con recursos equivalentes a 1,34 billones de pesos para la base presupuestal de nuestras universidades, que el año pasado no se tenían, además de asignaciones adicionales equivalentes a 1,05 billones de pesos para ciencia y tecnología, de manera que el país avance significativamente en estos campos y en una hoja de ruta más clara en innovación y emprendimiento.
De igual manera destacó que se destinarán 500.000 millones de pesos para pagar las deudas adquiridas por cuenta de la desfinanciación de la educación pública, los cuales se distribuirán en los próximos tres años.
El representante también hizo énfasis en los 850.000 millones de pesos que se destinarán a mejorar la infraestructura y la investigación de las instituciones estatales de educación superior, y recordó que gracias a los aportes adicionales provenientes del Sistema General de Regalías –por 1,5 billones de pesos– se tiene previsto que 1,25 billones se destinen a ejecutar obras y mejoras de las plantas físicas, mientras que el resto estará destinado a financiar estudios de maestría y doctorado.
Reformas de largo alcance
Los acuerdos también prevén que los estudiantes que presenten sus correspondientes certificados electorales tengan un descuento del 10 % en el valor de la matrícula, que deberán ser reconocidos en todas las instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas, junto con la restitución de exenciones tributarias correspondientes a los gastos de representación de los docentes, que equivalen de 1 y 1,5 salarios al año.
Gracias a los acuerdos alcanzados, de ahora en adelante los estudiantes serán interlocutores legítimos en una mesa permanente con capacidad de adelantar reformas normativas a la Ley 30 de 1992 y al Sistema General de Regalías, además de efectuar una completa restructuración del Icetex, que contemple modificaciones a los créditos otorgados y aquellos que se asignarán.
“No queremos que se convierta en una costumbre que cada año, entre octubre y noviembre, tengamos que salir a protestar porque los recursos resultan insuficientes para cerrar el año, y por tal razón hacemos énfasis en la necesidad de adelantar en la mesa reformas estructurales”, aseveró el representante estudiantil, quien considera que aunque los recursos siguen siendo insuficientes, los acuerdos alcanzados son un avance muy significativo.