Como lo anotó en octubre un documento de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “Colombia se encuentra en un momento de transición. De la confrontación armada con las Farc —durante años el principal desafío para la seguridad nacional—, el país ha pasado a un nuevo escenario protagonizado por múltiples y fragmentadas expresiones armadas ilegales que pretenden controlar el territorio e imponer regulaciones en el nivel local”.

En campos y ciudades, los colombianos experimentan cotidianamente que “mientras que en algunas regiones del país los niveles de violencia y afectación de la población han tenido una relativa mejora, en otras el Estado enfrenta una verdadera crisis”.

“El aumento en la tasa de homicidios, el incremento del asesinato de líderes sociales y ex combatientes, así como el alza en el número de desplazamientos forzados, son una señal clara del deterioro en las condiciones de seguridad”, según el informe ‘La Estabilización en la fase de transición. ¿Cómo responder a la situación de crisis y fragilidad estatal?’, de la FIP.

Un mes antes, otro informe, esta vez del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), precisó que “tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, varios grupos armados siguen haciendo presencia en Colombia”, como el Eln, Los Pelusos (disidencias del Epl, guerrilla desmovilizada en 1991), las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo) y “las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las Farc-EP que no se acogieron al proceso de paz”.

En septiembre, EL NUEVO SIGLO publicó un análisis preparado por Parker Asmann con colaboración del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la fundación Insight Crime sobre el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017, preparado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en el marco del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia (Simci).

En su documento, Asmann señaló que el repunte continuado en la producción de cocaína ha dado pie a un incremento de la violencia criminal en cuatro áreas importantes afectadas por ese catapultamiento.

Las cuatro áreas clave consideradas por Asmann son Nariño, Bajo Cauca, Catatumbo y Guaviare, en donde la criminalidad tiene protagonistas claramente definidos. En Nariño, la muy mentada disidencia de las Farc liderada por el ecuatoriano Walter Arizala, alias ‘Guacho’ (Frente Oliver Sinisterra); en el Bajo Cauca, el grupo paramilitar Caparrapos (escisión del Clan del Golfo) en alianza con el Eln y las disidencias de las Farc (más exactamente del Frente 36) contra el Clan; y al Catatumbo llegó Géner García, alias ‘Jhon 40’, jefe disidente del Frente Primero, para reclutar a los ex combatientes del Frente 33 de las Farc, expandiendo así su operación criminal desde Guaviare y configurando el ya mencionado Bloque Oriental.

En junio, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) destacó, entre los cuatro puntos que muestran cómo la implementación de los Acuerdos de Paz carece de cimientos estables en el territorio, que “algunas zonas dejadas por las Farc comienzan a tener problemas delicados de seguridad”, sitios en los que “los homicidios han aumentado, se presenta un copamiento por parte de organizaciones criminales y varias de estas zonas son teatros de guerra”.

“De los 242 municipios donde operaban las Farc hay un grupo de 78 municipalidades con problemas graves de seguridad”, señaló Pares, anotando que “allí se ha presentado un copamiento criminal que se ha dividido en tres categorías”: disidencias de las Farc, expansión del Eln y propagación de los Grupos Armados Organizados (GAO), que es como las autoridades denominan ahora a las bandas criminales (Bacrim).

“La firma de la paz disminuyó las muertes violentas en el país, pero aumentó la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Mientras que en 2012 organizaciones advirtieron sobre la muerte de 69 líderes sociales, en 2017” Pares “reportó 102 homicidios contra esta población y en lo corrido de 2018 se han reportado 36”.

De los 78 municipios donde es más agudo el copamiento criminal, hay 55 en los que ha aumentado el homicidio.

Pares detectó que “las zonas de copamiento criminal, tienen características comunes, las cuales permiten entender el fenómeno. En la mayoría de los casos son zonas cinturones de economías ilegales (nótese la alta concentración en el Pacífico)” y en al menos 40 municipios “el Eln, el Clan del Golfo o nuevos grupos criminales se disputan metro a metro lo que antes controlaba la guerrilla de las Farc”.

De las muertes violentas no se escapan los ex combatientes. Al 15 de mayo, el Observatorio de Violencia Política de Pares “había registrado 43 casos de homicidios contra integrantes de Farc y 12 contra sus familiares”.

Para nadie es un secreto que el combustible de toda esta situación es el narcotráfico, a la luz de que, según la Onudc, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo, al registrar aumentos históricos de las plantaciones de coca y de su capacidad para producir esa droga en 2017.

En septiembre, la Onudc informó que los cultivos de hoja de coca crecieron 17% hasta 171.000 hectáreas, mientras que el potencial de producción de cocaína subió 31% respecto de 2016 a 1.379 toneladas, un récord desde que comenzaron estas mediciones en 2001.