Mejorar este primer aspecto en la función pública debe contribuir a subir la calificación de fortaleza institucional. Nueva entrega de la alianza de EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

Wilson Alejandro Martínez Sánchez *

Especial para EL NUEVO SIGLO

Es un lugar común en la literatura especializada sobre transparencia, el subrayar la importancia que ésta tiene en la lucha contra la corrupción. En esta oportunidad quisiera detenerme en otro importante aspecto de la transparencia, que en ocasiones suele pasar desapercibido: su impacto en la competitividad de la nación.

El Foro Económico Mundial publica anualmente su reporte global, en el cual califica la competitividad de 140 países. En el reporte de 2018 Colombia ocupa el puesto 60, que es su mejor calificación en los últimos 10 años, después de haber ocupado el puesto 69 en 2012 y 2013. Está claro que Colombia es un país de media tabla a nivel mundial en competitividad. ¿Cómo podría mejorar el país esta calificación?

El Foro Económico Mundial ha adoptado esa posición, y la ha incorporado a su metodología para evaluar la competitividad de las naciones. De hecho, la fortaleza institucional es el primer pilar que se evalúa al calificar la competitividad de una nación, y ello se hace a partir de la revisión de veinte (20) componentes.

En el caso de Colombia, la calificación de nuestra institucionalidad no es positiva. En el Reporte Global de Competitividad 2018, la calificación del pilar de instituciones nos ubica en el puesto 89 entre 140 países. Y este es el pilar en el que Colombia ha obtenido tradicionalmente la más baja calificación, de todos los que componen la metodología de evaluación del Foro Económico Mundial. Por consiguiente, mejorar la calificación en el pilar de instituciones es mandatorio, si Colombia quiere mejorar su calificación de competitividad internacional.

Ahora bien, si se revisan los 20 componentes que integran el pilar de institucionalidad puede apreciarse, que la transparencia en el ejercicio de la función pública incide directamente en al menos nueve (9) de estos veinte (20) componentes, e indirectamente en todos ellos. Luego, mejorar la transparencia en la función pública debe contribuir necesariamente a mejorar la calificación de fortaleza institucional, lo que haría mucho más competitivo al país.

Teoría económica

Y esto es así, no sólo por las características de la metodología que se utiliza internacionalmente para medir la competitividad, sino porque la teoría económica así lo ha demostrado. El economista estadounidense Joseph Stiglitz ganó en 2001 el Premio Nobel de economía, precisamente por su contribución a entender la eficiencia de los mercados, a partir de su estudio sobre las asimetrías en la información. Su teoría sobre la información asimétrica propone, entre muchas otras cosas, que aquellos mercados en los cuales existen asimetrías en el acceso a la información necesaria para tomar decisiones son menos eficientes que aquellos en los que no las hay.

Las barreras en el acceso a la información contribuyen a que haya individuos o colectivos con posición privilegiada, lo cual desestimula la competencia, erosiona el libre mercado y promueve la instalación o permanencia de instituciones extractivas que conducen a una distribución inequitativa de la riqueza. Cuanta más transparencia hay en un mercado, más condiciones hay para la competitividad y la prosperidad.

En esa misma línea puede ubicarse a Michael Porter, quien ha sostenido la tesis de que la rivalidad es un factor esencial en la competitividad de una industria, y ésta depende en buena medida de la igualdad en el derecho de acceso a la información pública entre los competidores.

Las naciones en la que las empresas de una misma industria tienen altos niveles de rivalidad (en el buen y sano sentido) suelen ser más competitivas. La rivalidad presiona las empresas a ser innovadoras y a buscar estructuras organizacionales y funcionales más eficientes. De igual manera, las obliga a ser más rigurosas en el estudio del entorno, lo que los lleva a conocer mejor su industria y a ser más certeras en la planeación estratégica, que en definitiva termina beneficiando su competitividad.

En un contexto de asimetría en el acceso a la información esta rivalidad desaparece. Aquellas naciones en las que la información pública no es transparente, no es asequible a todos los competidores por igual, la rivalidad desaparece en favor de unos pocos actores privilegiados que, con base de la información de que disponen, pueden tomar mejores decisiones. Esos actores terminan presionando la formación de monopolios u oligopolios, o liderando la cartelización para la fijación artificial de precios o para la constitución de otras barreras de entrada de nuevos competidores.

¿Qué se puede hacer?

De cara a esta situación ¿Qué puede hacer Colombia para mejorar la transparencia y volverse una nación con instituciones más fuertes y más competitiva? El desafío no es sencillo.

Un ejercicio realizado en 2014 por la Secretaría de Transparencia concluyó que el conjunto de sujetos obligados a cumplir la Ley de Transparencia está integrado por 67.800 entidades públicas y privadas. Un ecosistema de supervisión de semejante tamaño no puede enfrentarse con las herramientas tradicionales.

Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación viene modernizándose, para enfrentar el reto de mejorar los niveles de transparencia en Colombia. En ese esfuerzo, la entidad busca mejorar su batería de indicadores en materia de transparencia, sumando al tradicional Índice de Gobierno Abierto (IGA) otros dos nuevos y potentes: el Indicador de Transparencia Activa (ITA) y el Indicador de Riesgo de Corrupción (Integra 2.0.) Estos indicadores, trabajarán a partir de este año junto con una nueva plataforma diseñada para identificar las entidades públicas y privadas que no están cumpliendo la Ley de Transparencia. Por ello, el Procurador emitió una directiva en la que dispuso que todos los sujetos obligados a la Ley de Transparencia deben entrar a la plataforma ITA entre el 1° y el 31 de agosto de este año, y diligenciar el formulario de autodiagnóstico. Los resultados de esta medición se cruzarán con un censo de sujetos obligados que está realizando la entidad, y el producto será una nueva estrategia para mejorar los niveles de transparencia en el país.

Este es el aporte de la Procuraduría General de la Nación, no sólo a la lucha contra la corrupción, sino al mejoramiento de la competitividad en el país.