Culminó la entrega la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de los 597 expedientes que adelantaba en única instancia contra congresistas y otros altos funcionarios del Estado y que, por mandato del Acto Legislativo 01 de 2018, continúan su trámite en las nuevas salas especiales de Instrucción y Primera Instancia, pero ahora con el beneficio de la doble instancia.

“La Sala Especial de Primera Instancia recibió un total de 133 procesos en desarrollo, mientras la Sala Especial de Instrucción asumió el estudio de los 464 expedientes restantes”, explicó la Corte Suprema de Justicia.

Entre la relación de 133 expedientes de juicios y preclusiones que la Sala Penal entregó a la Sala Especial de Primera Instancia figuran la exsenadora del Partido de La U, Piedad Zuccardi, procesada desde hace casi ocho años por sus presuntos nexos con grupos paramilitares, y quien solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el beneficio de la doble instancia.

También aparece el de la exsenadora Zulema Jattin, en este momento con detención domiciliaria, procesada por su supuesta vinculación con grupos paramilitares en Córdoba.

Asimismo figuran los nombres de otros ex parlamentarios procesados porque supuestamente tuvieron vínculos con grupos paramilitares en su intención de llegar al Congreso, como es el caso de los senadores Álvaro Ashton y David Char.

Mientras, dentro de los 464 expedientes que la Sala Penal hizo llegar a la Sala Especial de Instrucción, figuran los nombres de los ex senadores Ashton y Musa Besaile, investigados por las coimas que se habrían pagado a una red que manipulaba procesos en la Corte Suprema de Justicia para que los fallos salieran favorables a congresistas y otros políticos.

Además figura el exsenador Plinio Olano, de quien la Fiscalía compulsó copias a la Corte para que lo investigara porque presuntamente recibió coimas de la multinacional brasileña Odebrecht. De igual forma hacen parte de esta remisión varias investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, una de estas por la supuesta manipulación de testigos en una demanda que presentó contra el senador Iván Cepeda. Por este caso también es investigado el representante por el Huila, Álvaro Prada, por lo que su expediente de igual forma fue a parar a la Sala Especial de Instrucción.

A esta Sala llegaron dos investigaciones en fase previa contra el exparlamentario y actual alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, porque supuestamente incurrió en fraude electoral.

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El mecanismo

Colombia era de los pocos países que no contaba con la garantía de la doble instancia para sus congresistas investigados en materia penal, como sí la tienen el resto de colombianos.

Este acto legislativo dispone crear en la Corte Suprema de Justicia una Sala Especial de Instrucción integrada por seis magistrados y una Sala Especial de Primera Instancia, por tres magistrados.

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte.

Sin la garantía de la doble instancia la Corte Suprema procesó y condenó a más de 60 parlamentarios por el escándalo de la parapolítica y varios funcionarios. En este último caso, por ejemplo, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades que se presentaron en el programa ‘Agro Ingreso Seguro’, fue condenado a 17 años de prisión. De igual forma la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de cárcel por las escuchas y seguimientos ilegales que desde ese organismo se adelantaron a magistrados de las altas Cortes y políticos de oposición en tiempos del presidente Uribe.

Precisamente en días pasados, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un concepto en el que ordena al Estado colombiano “garantizar la segunda instancia” al exministro de Agricultura y actualmente prófugo en Estados Unidos.

De acuerdo con el pronunciamiento de esa instancia internacional, a Arias Leyva se le violaron sus garantías individuales consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no disponer de una segunda instancia en el momento de la condena y al ser sancionado de por vida para el ejercicio de cargos públicos.

"El Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados”, señala un aparte del pronunciamiento.