Si se aprueba el proyecto de ley 130 radicado en el Congreso, las tarifas de energía subirían con el perjuicio para los usuarios. Así lo señaló Andesco, el gremio de los servicios públicos, al exigir una solución estructural y sostenible a la prestación del servicio de energía en la Región Caribe y no cambiar la destinación de los recursos del cargo por confiabilidad.

El proyecto de ley 130, radicado en el Congreso de la República, pretende tomar el 45% de los recursos del cargo por confiabilidad para otra destinación: 30% para subsidios de estratos uno y dos y 15% para favorecer a la Región Caribe durante ocho años, una situación preocupante teniendo en cuenta los pronósticos del Ideam al respecto del Fenómeno del Niño.

El cargo por confiabilidad se creó a raíz del apagón de 1992 para incentivar la expansión de la generación de energía eléctrica, lo que significó más plantas para asegurar el abastecimiento de la demanda del país en el largo plazo con la entrada en operación de 22 proyectos de generación que han aportado una capacidad instalada de 6020 MW, a las que se adicionarán 2490 MW con la entrada de Termonorte e Ituango. Con este panorama, el país incrementaría en 77% el parque de generación.

Transparencia

“El manejo del cargo ha sido transparente, el dinero recaudado se ha asignado a las plantas de generación bajo reglas estipuladas que permiten remunerar el capital fijo de las inversiones de las plantas de generación, lo cual incluye construcción y mantenimiento; este no es un dinero público y no se puede disponer libremente de él.” Indicó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

La figura ha garantizado la confiabilidad del servicio al atender la demanda de electricidad de manera continua, sin racionamiento alguno. El Sistema Interconectado Nacional no se ha apagado ni siquiera con el Fenómeno del Niño 2015-2016, en donde se promovió ‘Apagar paga’, una campaña voluntaria de ahorro, de hecho, el problema en ese año no fue energético sino financiero, debido a que con el precio de escasez no se alcanzaban a remunerar los costos variables de la generación térmica, por lo cual fue ajustado por el regulador.

Dentro de otros beneficios de la medida se destaca el hecho de limitar el precio que los usuarios pagan por la energía durante situaciones críticas de escasez de agua; en el último Fenómeno del Niño se evitó que estos pagaran $17 billones.

Subasta

De cara a la nueva subasta, convocada para enero de 2019, en busca de proyectos que permitan -junto con las plantas existentes- cubrir la totalidad de la demanda eléctrica esperada para 2022, la preocupación radica en que de aprobarse el proyecto de ley se usarían los recursos del cargo para otro propósito y en épocas de sequía los usuarios tendríamos que pagar más en la factura o incluso estarían expuestos a un racionamiento.

“El proyecto de ley también busca cubrir los subsidios de los estratos uno y dos, cosa que no tiene sentido económico ya que los usuarios subsidiados pagarán sus propios subsidios. Además, este proyecto propone establecer un valor fijo para el Cargo por Confiabilidad, lo cual no es equitativo ni racional, desconoce el valor real del servicio y afecta la prestación del mismo”, indicó Sánchez Ortega.