Se conoció el expediente del Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, mediante el cual se interpuso una medida cautelar que ordena suspender todo tipo de actividad, que ahuyente o capture fauna para el desarrollo de la construcción del sistema de transporte masivo de Transmilenio por la Av. Carrera 68.
Esta medida cautelar también exige la detención de todo tipo de activad de tala, poda, traslado, remoción de cobertura vegetal, remoción de suelos, invasión a ronda hidráulica de las cuencas de los diferentes ríos, hasta que presenten estudios de fauna silvestre para el desarrollo de la construcción del sistema Transmilenio por la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68).
De igual forma solicita cancelar todo tipo de actos administrativos por los cuales se concedan permisos de tala, traslado, afectación al suelo, afectación a cuencas hidrográficas, afectación a zampas, afectación a parques, alamedas, calzadas y separadores, al considerar que los actos administrativos no cuentan con el soporte suficiente en cuanto a estudios que garanticen la seguridad, subsistencia, supervivencia, reproducción de conservación del hábitat de la fauna silvestre, para el desarrollo de la construcción del sistema Transmilenio por dicha vía.
Y por último ordenó la suspensión de la utilización de reflectoras de alta potencia en horas de la noche y madrugada, para el desarrollo de la construcción del sistema de Transmilenio.
El Juzgado 49 argumentó sus decisiones al señalar que existen inconsistencias en las resoluciones que han expedido las entidades competentes, lo cual genera peligro para la fauna silvestre en el corredor.
Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dijo que el fallo es una medida cautelar y que podría no significar la suspensión de la obra. Este lunes, la entidad se pronunciará un vez sea notificado oficialmente.
Oposición
Por su parte, con escrito del 23 de julio y 4 agosto de 2021, el apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano presentó oposición a la medida cautelar solicitada; así mismo, la Secretaría Distrital del Medio Ambiente (SDA) presentó la oposición a la medida el 4 de agosto de los corrientes.
Es importante señalar que el 2 de agosto la Personería de Bogotá aportó los documentos requeridos correspondientes a los antecedentes administrativos que motivaron la orden de suspender inmediatamente las talas programadas, en atención al requerimiento efectuado a través de fecha 4 de junio de 2021.
El 4 de agosto de los corrientes, el apoderado de la Secretaría Distrital del Medio Ambiente aportó un informe sobre las documentales decretadas en auto del 28 de julio, el cual respaldó con anexos.
Por su parte, la Secretaría Distrital del Medio Ambiente solicitó que se deniegue la medida cautelar por considerar que no se configura el principio de precaución que alega el actor popular.
La entidad realizó una exposición jurisprudencial de dicho principio y del de prevención, para concluir que no es posible identificar el factor de afectación al medio ambiente con carácter irreversible en el que lo ponga en riesgo, dentro de los que se encuentra el colectivo, la fauna y la flora de la zona de interés, de tal forma que no se prolongan riesgos o amenazas que impidan la realización de las obras planeadas para la ciudad de Bogotá.
La obra
Cabe recordar que se prevé que esta megaobra tenga una extensión troncal de 17 kilómetros y 21 estaciones dispuestas en 10 localidades entre la Autopista Sur y la Calle 100 con Carrera séptima: Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.
Entre tanto, las posibles estaciones de esta troncal serían: Calle 42 sur, Calle 40 sur, Avenida Primero de Mayo (conexión con metro de Bogotá), Calle 18 Sur, Calle 8 Sur, Avenida Américas, Calle 11, Calle 13, Calle 19, Avenida Esperanza, Calle 53, Parque Simón Bolívar, Calle 66, Calle 72, Calle 80, Calle 98, Avenida Suba, Calle 100, Carrera 53, Carrera 19, Carrera 11.
Es importante referir que la inversión total del proyecto es de $3,17 billones. El Distrito financió $717.000 millones para adquisición predial y mantenimiento y el Gobierno Nacional sumó $2,4 billones para la obra y la interventoría.