La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa del hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, Norte de Santander, tras identificar al menos 87 deficiencias administrativas, financieras y asistenciales que ponen en riesgo la prestación adecuada y oportuna de los servicios de salud a sus usuarios.

Esta medida, que regirá durante los próximos seis meses, implica la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de esta Entidad Social del Estado (ESE) que cuenta con 12 sedes, 149 camas, 80 consultorios, 5 salas de cirugía, 2 salas de parto y una de procedimientos, y tiene habilitados 234 servicios de baja y mediana complejidad para la atención en varios municipios del departamento.

En la resolución 12773 de este 09 de noviembre, la Superintendencia también ordena la separación del actual gerente o representante legal del hospital y de los miembros de la Junta Directiva; y la designación de un agente especial interventor, quien tendrá un mes para presentar un Plan de Acción que contenga las actividades a realizar con miras a subsanar los hallazgos identificados.

Contratación sin rigor: Al menos 20 de los hallazgos registran situaciones encontradas en una muestra de 44 contratos celebrados entre 2019 y los primeros cinco meses de 2020, en los que se presuntamente se vulneran los principios de transparencia, buena fe, objetividad, imparcialidad, economía, eficiencia, debido proceso, igualdad, moralidad y eficacia, entre otros.

La existencia de procesos contractuales al parecer irregulares, evidenciando situaciones relacionadas con: oferentes inexistentes, sobrecostos, procesos contractuales con conflicto de interés-colusión, concentración de proveedores, participación en procesos contractuales establecimientos comercio sin RUES, CC o NIT, no verificación de títulos de los profesionales y pagos de seguridad social, concentración de la contratación; indebido seguimiento a la ejecución contractual e indebida supervisión, entre otros.

De acuerdo con una auditoría realizada por la Supersalud en junio de este año, el hospital pagó anticipos sin tener argumentos técnicos; vinculó personal misional a través de cooperativas, configurando una tercerización laboral; suscribió contratos onerosos sin estudios de costos, y desarrolló procesos de contratación donde se les pedían cotizaciones a proveedores inexistentes o donde cotizaban, al parecer, al mismo tiempo empresas de cónyuges.