DEBIDO AL panorama económico que se encuentra atravesando el país, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, planeó 12 propuestas para recuperar la confianza inversionista y reactivar la misma.
Entre las primeras propuestas se encuentra resolver la problemática técnica y financiera de cuatro corredores viales estratégicos: Quibdó - Medellín, Pasto-Popayán, Bogotá- Villavicencio y vías de frontera – Santanderes, así como también, avanzar con metas que adelantan el Ministerio de Hacienda y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en aras de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de algunas concesiones viales en etapa de construcción, y de esa manera reactivar la economía.
Otra línea de acción está relacionada con precisar los cronogramas de licitación y adjudicación de corredores estratégicos de iniciativa pública: el Estanquillo-Popayán ($7,8 billones), Villeta-Guaduas ($7,1 billones) y la iniciativa férrea La Dorada-Chiriguaná ($2,6 billones).
Por otro lado, la propuesta también incluye acelerar los trámites ambientales de proyectos 5G que se encuentran en etapa de preconstrucción, tales como Accesos Norte 2, Buga-Buenaventura y Canal del Dique, una inversión que asciende a más de 10 billones de pesos. Asimismo, proceder con la indexación (IPC 2023) e incremento pendiente en las tarifas de los peajes de las vías concesionadas.
La sexta propuesta hace referencia a honrar los compromisos soberanos de las vigencias futuras del sector y de los sistemas de transporte masivo de ciudades capitales en el Presupuesto General de la Nación 2025, ya que sin tales vigencias, el país no hubiese logrado el avance y la inversión notable en infraestructura −más de 120 billones de pesos− en las últimas dos décadas; acelerar el trámite de aprobación de varias iniciativas privadas (IP) viales y aeroportuarias que no requieren recursos públicos y que, por ende, no generan presiones fiscales. Su aprobación y debida ejecución derivaría en respuestas contracíclicas de más de 40 billones de pesos.
Ahora bien, acelerar mediante operaciones de crédito, la ejecución de más de medio centenar de proyectos de obra pública, incluidos en los programas “Legalidad y Reactivación 2.0” (2021-30), cuya inversión asciende a más de 13 billones de pesos, localizados todos ellos, en 28 departamentos y con vigencias futuras al año 2030, tales como la conexión ‘Alta Guajira’ y la variante San Francisco-Mocoa, es otra línea de acción propuesta, la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Finalmente, las últimas propuestas hacen referencia a garantizar la viabilidad de las obras estratégicas de la concesión IP “Autopistas del Caribe” o corredor de carga Cartagena-Barranquilla ($6,7 billones entre CAPEX y OPEX del proyecto); precisar cronograma de fechas y zonas territoriales para la implementación del cobro de la valorización y la destinación específica del recaudo, estimado por el Ministerio de Transporte en cerca de 14 billones de pesos; precisar en términos concretos, de tiempo y cuantía, el alcance de la inversión prevista en los llamados ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’ y, por último, potenciar la dinámica del instrumento de financiación de “obras por impuestos”, el cual dispone de recursos asignados para el 2024, por un valor de 1 billón de pesos.