Este martes fueron subastados 200.000 gramos de oro que fueron entregados por la extinta guerrilla como parte de su aporte para reparar a las víctimas del conflicto armado en el país.
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El dinero recaudado fue cerca de 40.000 millones de pesos en una subasta internacional, 10.000 millones más de lo que inicialmente se esperaba. La subasta se cerró por 11,9 millones de dólares. Una empresa de Reino Unido, Condor Partners, se ha hecho con más de 200.000 gramos de oro de las extintas Farc.
Estamos cumpliendo el acuerdo y a las víctimas, a pesar del arbitrario ultimátum gubernamental del 31 de diciembre. Hoy el gobierno subasta 200.000 gramos de oro de los 255.040 entregados para reparación a víctimas desde el 2018 por los firmantes de paz de las extintas FARC-EP. pic.twitter.com/71mwXztV6s
— Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) December 15, 2020
Sobre este proceso pesaba un ultimátum para entregar los bienes para reparar a las víctimas. Este se extendió desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre.
En total son 208.191,22 gramos de oro los que las disueltas FARC hicieron entrega a la Misión Especial de Naciones Unidas entre julio y agosto de 2017, además de lo que incautó la Fiscalía como parte de los procesos de paz, que hasta ahora habían estado bajo custodia en el Banco de la República, en Bogotá.
El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, había advertido sobre la poca monetización que se había logrado con los bienes entregados.
En la subasta sólo podían participar empresas internacionales con el fin de evitar operaciones de lavado de dinero, informa el diario colombiano 'El Espectador'. Algunas compañías procedentes de Estados Unidos, Italia, India, Reino Unido o Emiratos Árabes Unidos, habían mostrado interés por pujar por el oro.
El dinero que obtenido se destinará directamente a las reparaciones de las víctimas del conflicto armado en Colombia, mientras que la cantidad incautada por las autoridades, 10.904,26 gramos, será gestionada a través del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) del Ministerio de Hacienda.
Según marca la ley, el Frisco deberá destinar un 25 por ciento de lo recaudado hacia el sistema judicial, otro 25 por ciento para la Fiscalía y la mitad restante para el Gobierno de Colombia.