Debido a los crímenes que vienen ocurriendo contra los desmovilizados de la extinta guerrilla de las Farc, que ya pasan de 180 desde que esta organización  firmó en noviembre de 2016 el acuerdo que llevó a su desarme, el Partido del mismo nombre anunció ayer que acudirá ante la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares para proteger sus vidas y conminar al Estado colombiano a que cumpla lo pactado en La Habana.

De igual forma, el presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño, acompañado de varios parlamentarios de esta colectividad, se reunieron ayer en Bogotá con representantes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia para manifestar su preocupación dado que no para la violencia en las regiones contra los desmovilizados que firmaron el acuerdo y que, en su mayoría, cumplen con el proceso de reincorporación a sociedad.

Los más recientes hechos violentos contra esta población se registraron entre viernes y sábado pasados, cuando fueron asesinados Esder Pineda en Algeciras, Huila;  así como Winston Moreno y Kevin Cuesta, de 17 años de edad, hijastro de otro exmiembro de las Farc.

El Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, dijo frente a los hechos que “condeno asesinatos contra quienes dejaron las armas. La muerte de 3 excombatientes en los últimos días es un llamado de urgencia para profundizar medidas de seguridad”.

En tanto que, Ruiz Massieu dijo sobre la reunión que sostuvo ayer con integrantes del Partido Farc que “revisamos las medidas de seguridad y protección frente a los asesinatos de personas en proceso de reincorporación. Reafirmo el acompañamiento de Misión de la ONU en Colombia”.

Por su parte, Rodrigo Londoño subió un video a las redes sociales en el que pide al presidente Iván Duque medidas para frenar la violencia contra los excombatientes.

“Duque pare el genocidio. Cuando firmamos el acuerdo de paz, sabíamos que nos exponíamos a este tipo de situaciones. Lo que nunca pensé es que íbamos  a tener un Presidente indolente, un Presidente que su inacción lo hace cómplice del genocidio que se está presentando con los exguerrilleros y exguerrilleras que firmamos el acuerdo de paz y con los líderes sociales que les están apostando a la paz”, dijo Londoño.

Igualmente el Partido Farc realizó ayer un cacerolazo para protestar por la violencia en contra de los desmovilizados.

Por su parte el senador Carlos Lozada dijo a la Agencia Anadolu que “estamos recogiendo toda la información necesaria para acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al Sistema de Derechos Humanos de la ONU y también al Consejo de Seguridad de la ONU” para denunciar la violencia en contra de los excombatientes y solicitar medidas cautelares.

También, dijo que han sido ineficaces las medidas que ha  tomado el Gobierno para proteger la vida de los excombatientes, pues según él “se ha limitado a hacer análisis de planes sin que esas estrategias estén realmente dando resultados”.

Lozada dijo que es necesario activar las medidas, que con este propósito contempla el acuerdo de paz, como “la activación permanente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la lucha contra el fenómeno del paramilitarismo, apoyar la construcción de los pactos locales y regionales, para erradicar la violencia del ejercicio de la política y fortalecer a la Fiscalía”.

El pasado lunes la Comisión de Paz del Congreso aprobó la creación de un organismo de alto nivel que se dedique exclusivamente al seguimiento de los casos de amenazas, riesgos y asesinatos de reincorporados o reinsertados en el país.

Acciones del Gobierno

A principios de este mes, Rodrigo Londoño publicó una carta abierta en la que dijo que a pesar de que el Estado colombiano se comprometió en el acuerdo de paz a rodear de garantías a los  desmovilizados, “es absolutamente claro que nada de esto se está cumpliendo”.

Sin embargo, el consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, respondió a esta carta señalando “en lo primero que se equivoca el director del Partido Farc es en creer que él puede imponer la manera cómo se deben cumplir los acuerdos. La Corte Constitucional ha sido clara en que los acuerdos deben cumplirse durante tres presidencias seguidas (…) con la visión que tenga cada Presidente”.

En tanto que el funcionario dijo sobre los crímenes de los desmovilizados que “son los enemigos de ellos, pero también del Gobierno. No puede haber ninguna duda: el Gobierno está jugando con la seguridad de los excombatientes”.

El consejero Archila anunció en enero pasado nuevas medidas para la protección de los desmovilizados. Dijo que se están aplicando medidas de protección para más de 8.900 excombatientes que están por fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en 522 municipios, en lo que se conoce como población dispersa de excombatientes.