Director Ejecutivo de esta Federación es pesimista sobre el cese de amenazas a entrantes servidores públicos

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo cierra el año en seguridad de personeros?

JESUALDO ARZUAGA RAMÍREZ: La situación de los personeros sigue siendo crítica en algunos territorios. Lo que podríamos decir es que no es una situación homogénea, hay territorios en donde la labor del personero es mucho más peligrosa que en otros lugares, y pues coinciden los lugares en donde efectivamente ha habido homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Lo que  tiene que ver con los personeros de los 1.102 municipios y distritos, hay unos 117 amenazados en este año. De ellos algunos cuentan con esquemas de protección, pero hay dos fenómenos que  nos preocupan: primero es que varios personeros han tenido que renunciar por la situación de amenazas; y algunos se han tenido que desplazar a otros lugares para ejercer sus funciones.

Tal es el caso del personero de Puerto Rico, Caquetá, como bien se conoce denunció un tema de reclutamiento forzado y todo esto, y ya hoy no se encuentra trabajando en su municipio. Es una situación crítica.

ENS: ¿La respuesta del Estado a las amenazas a personeros ha sido pronta y efectiva?

JAR: Nuestra relación con la Unidad Nacional de Protección es buena hasta cierto punto, pero sentimos que en cuanto a la asignación de esquemas y medidas, quisiéramos que fuera un poco más rápido. En algunos casos hemos tenido situaciones en donde se asigna la protección, pero por ejemplo para las camionetas cuando se autoriza este tipo  de esquema, la gasolina es discrecional del  Director de la Unidad.

Entonces en muchos casos, por ejemplo, a un personero del municipio de sexta categoría se le otorga una camioneta con un esquema pero no la gasolina para el desplazamiento. Un personero no cuenta con los recursos para poder solventar este tipo de gastos y, como digo, es discrecional del Director aprobar o no la gasolina.

Lo mismo ocurre con las medidas de emergencia. Cuando a veces la amenaza se da, muchas veces la situación es tan apremiante que amerita el otorgamiento de un esquema en el momento. El otorgamiento de las medidas de emergencia también es discrecional del Director de la Unidad de Protección.

Entonces en  muchos casos mientras a la persona se le hace el estudio de riesgo y el caso es llevado al Cerrem (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas), que es donde se aprueban las medidas de protección, han pasado dos y tres meses. En ese caso  uno diría que en cierta forma las medidas no llegan cuando deben hacerlo.

Creemos que si bien, no puedo negarlo, la Unidad de Protección ha actuado en algunos  casos de manera expedita, eficaz, en otro casos tenemos que acudir al  Defensor del Pueblo, al Procurador, a las mismas Naciones Unidas para que el caso sea tenido en cuenta y se tomen las medidas de emergencia de manera rápida. Creemos que en cierta forma el procedimiento para otorgar las medidas a veces es complejo y es un poco demorado.

No entendemos por ejemplo estas medidas donde hay tanta discrecionalidad por parte del Director de la Unidad Nacional de Protección. Nos pasa que otorgan el esquema y al final le dicen ‘pague usted la gasolina’. Entonces el  personero se ve obligado prácticamente a renunciar al esquema o a sacar dinero de donde no tiene para poder solventar estos gastos.  

ENS: ¿Con el cambio de todos los personeros a principios de 2020, elegidos por los concejos, consideran que cesará la mayoría de estas amenazas?

JAR: Quisiera ser optimista  con ese tema, pero creo que el país en general está viviendo una situación compleja en materia de orden público, y creería que en donde los personeros  se vayan a posesionar en esos territorios en donde la situación de seguridad y orden público no está bien, creería que desafortunadamente no va a cambiar la situación.

Por eso estamos en cierta forma anticipándonos tratando de hablar  con la comunidad internacional para que a veces en esos estudios que se hacen sobre la situación de los defensores y los líderes sociales en Colombia,  no excluya a los personeros porque en últimas, si bien los personeros son funcionarios públicos, ellos también defienden derechos humanos en territorio y en muchos casos se ven envueltos en situaciones muy complejas por realizar bien su labor.

Entonces la situación no creo que vaya a variar mucho de lo que tenemos, espero me equivoque pero  no soy tan optimista con el tema.