El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué ha emitido un fallo trascendental al conceder libertad condicional a una mujer condenada por hurto, bajo la figura de "utilidad pública". Este caso representa un hito en la aplicación de la Ley 2292 de 2023, que busca equilibrar la justicia con consideraciones socioeconómicas, permitiendo a la mujer cumplir su pena a través de trabajo comunitario en lugar de estar privada de su libertad.*
La beneficiada, sentenciada por hurto calificado agravado en octubre de 2021, enfrentaba una pena de 39 meses, según la sentencia del Juzgado Segundo Penal Municipal de Espinal, dictada el 15 de marzo de 2023.
La Ley 2292 de 2023 introduce la figura de "mujer cabeza de familia", destinada a mujeres en situaciones de marginalidad que cometieron delitos menores. Aunque se discute la terminología, el enfoque busca evitar la separación madre-hijo durante la condena intramural.
La jurisprudencia, como la providencia J03PI-AI-2023-2103, aclara la aplicación de la ley a mujeres no tradicionales, resaltando la importancia de mantener el núcleo familiar durante el proceso de resocialización.
El juez de ejecución de penas evaluó las condiciones de la mujer, considerando vínculos familiares y la responsabilidad permanente sobre hijos menores. La decisión destaca la conexión entre el delito y la falta de oportunidades estatales, proponiendo un enfoque restaurativo en lugar de punitivo.
La condenada asumirá un plan de trabajo comunitario de 18 horas semanales, enfocado en proyectos sociales y ambientales. Además, deberá cumplir con obligaciones como comparecer ante la autoridad judicial, permitir visitas del INPEC y abstenerse de actividades delictivas, demostrando buena conducta.
El impacto social de la medida depende de la implementación de programas que articulen la utilidad pública con la protección familiar de las beneficiarias. Se sugiere la creación de servicios como guarderías públicas y comedores comunitarios para asegurar el bienestar de los hijos durante el servicio comunitario.
La decisión, según el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, representa un avance en la historia judicial al demostrar la efectividad de la libertad condicional y la reintegración de la mujer a su hogar. Este caso plantea preguntas cruciales sobre la relación entre la justicia penal y la resocialización, abriendo un camino para futuras aplicaciones de la Ley de Utilidad Pública.