La Sala de Casación Penal, órgano máximo de la jurisdicción ordinaria colombiana, se encuentra en la mira de la opinión pública y las autoridades debido a su próxima decisión sobre la liberación de detenidos relacionados con las protestas sociales del año 2021. Esta instancia judicial será la última palabra en un debate que ha captado la atención nacional e internacional.
El punto central de este debate radica en la calificación de los delitos cometidos durante las manifestaciones. La Fiscalía General de la Nación, está revisando la posibilidad de modificar la calificación de los cargos por terrorismo y concierto para delinquir, especialmente en lo que respecta a los hechos relacionados con la protesta social.
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Esta revisión se realiza analizando los argumentos presentados por el Ministro Néstor Osuna en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El debate sobre la calificación de los delitos cometidos durante las protestas ha sido objeto de intensos señalamientos por parte del presidente Gustavo Petro y otros actores políticos. Petro ha enfatizado la estigmatización y represión sufrida por la juventud que participó en las movilizaciones contra el expresidente Iván Duque, señalando al exfiscal Francisco Barbosa de obstaculizar la liberación de detenidos de manera injusta.
Según declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante una jornada gubernamental en Cali, se intentó modificar la directriz en la Fiscalía que consideraba los actos de protesta social como delitos de terrorismo, sin embargo, esta iniciativa no prosperó en el Congreso. Esto ha generado críticas hacia la gestión previa y una expectativa de cambio con la nueva fiscal general.
Por su parte, Osuna asegura que se está trabajando en una directriz que reafirmará que los hechos de protesta social no deben ser considerados como terrorismo ni concierto para delinquir, lo que potencialmente implicaría la liberación de aquellos detenidos bajo estas acusaciones.
El caso de una joven detenida en Bogotá, señalada de múltiples delitos graves, ilustra la situación de cientos de personas privadas de la libertad en relación con las protestas del 2021. Este contexto llevó al Gobierno de Petro a comprometerse con acciones de reparación para las víctimas de violencia estatal durante las manifestaciones, incluyendo la creación de una comisión de la verdad para esclarecer lo ocurrido.
Es importante destacar que la decisión final sobre este asunto recae en los jueces penales competentes y, en última instancia, en la Sala de Casación Penal. Este órgano judicial jugará un papel determinante en la revisión de las calificaciones de los delitos imputados a los detenidos durante las protestas, lo que podría tener implicaciones significativas en el curso de la justicia y en el tratamiento de estos casos en el ámbito legal colombiano.