La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado detallado dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el cual solicita el rechazo de la tutela presentada por la defensa del canciller Álvaro Leyva Durán. Esta solicitud se basa en el argumento de que la suspensión impuesta al funcionario fue una medida preventiva en el marco del proceso disciplinario que enfrenta, y no una violación de sus derechos fundamentales como alega su defensa.

El documento presentado por la Procuraduría sostiene que la tutela es improcedente, ya que Leyva no sufrió vulneraciones en su derecho al debido proceso. Según la entidad, la suspensión no implica una condena definitiva y puede desvirtuarse en cualquier momento del proceso disciplinario el hecho que motivó la medida. En el texto de once páginas, el Ministerio Público rechazó de tajo la petición de Leyva, quien argumentó que se le vulneraron sus derechos al debido proceso luego de la suspensión.

La defensa del canciller argumentaba que se le vulneraron derechos fundamentales al no poder ejercer su cargo público, a lo que la Procuraduría respondió que la suspensión no implica una condena definitiva y que en cualquier momento del proceso disciplinario se puede desvirtuar el hecho que motivó la medida.

La entidad también subrayó que, a pesar de la suspensión impuesta el 24 de enero, Leyva continuó en funciones hasta el 7 de febrero, lo que interpreta como una resistencia a la sanción.

La tutela presentada por Ali Bantú Ashanti, del Colectivo Justicia Racial, para anular la suspensión del canciller, agrega una nueva dimensión al caso, al argumentar que la medida afecta directamente a comunidades étnicas con las que se estaban desarrollando iniciativas de importancia.

En medio de estos argumentos cruzados, el futuro del juicio disciplinario contra Álvaro Leyva Durán por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes sigue siendo incierto, con recusaciones contra el procurador a cargo del caso y una serie de controversias legales que mantienen en vilo el desenlace de este episodio.

La defensa de Leyva Durán también interpuso recusaciones contra el procurador a cargo del caso, argumentando enemistad grave por publicaciones realizadas en redes sociales en el pasado. Estas recusaciones han añadido una capa adicional de complejidad al proceso, prolongando la incertidumbre sobre el futuro del juicio disciplinario.

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