El Senador Julio Alberto Elías Vidal, en su constante compromiso por salvaguardar los derechos de los ciudadanos colombianos, ha radicado ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley "Seguridad y Confianza en Líneas Móviles y el Sistema Financiero". Esta iniciativa busca adoptar medidas efectivas para prevenir que las líneas de telefonía móvil y los productos financieros sean utilizados para la comisión de delitos.

La iniciativa propone que los operadores de telefonía celular y las instituciones financieras identifiquen de manera adecuada y precisa a a las personas que contratan sus servicios; así mismo, el proyecto contempla que si una línea o un producto financiero se ve involucrado en un delito o en una situación de suplantación o fraude, el proveedor proceda inmediatamente a bloquearlo y se impida su utilización hasta que se esclarezca la situación o se garantice que el legítimo titular pueda usar dicho producto de manera segura.

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El proyecto presentado consta de once artículos que buscan fortalecer la seguridad y confianza en los servicios de telefonía móvil y en el sistema financiero. Al respecto, el Senador Elías Vidal expresó: «En nuestra vida diaria, prácticamente todos los colombianos hemos sido testigos de cómo se cometen delitos utilizando líneas de telefonía móvil y productos financieros. Este es un fenómeno ha crecido tanto que hoy tenemos verdaderos “call centers” del crimen… Organizaciones dedicadas a cometer delitos como la estafa y la extorsión… con esta ley le imponemos a las empresas de telefonía celular y a las entidades financieras la obligación de identificar plenamente a sus clientes. Estamos seguros de que si se sabe bien quienes son los verdaderos titulares y usuarios de los productos, éstos no serán usados para cometer delitos; y si así fuera, entonces, sería más fácil para las autoridades seguirles la pista, capturarlos y lograr que respondan por sus actos». 

Para asegurar que los proveedores de líneas de telefonía móvil y de productos financieros cumplan a cabalidad con su obligación de identificar plenamente a los usuarios; y por considerar, también, que el incumplimiento de dicha obligación contribuye a que los productos que ofrecen sean utilizados para la comisión de delitos, se fija un esquema de responsabilidad civil en virtud del cual, si con sus productos se comete un delito y ese delito queda impune porque no es posible individualizar al responsable, debido a la negligencia del proveedor en el proceso de identificación de su cliente, tendrán, entonces, esas empresas la obligación de responderle al afectado y pagarle como indemnización la plata que se perdió. 

Es importante destacar que el propósito de este proyecto de ley no es hacer que las instituciones financieras y los operadores de telefonía móvil sean responsables directos por los perjuicios ocasionados por el mal uso de sus productos; más bien, se busca que estas entidades implementen medidas rigurosas y adecuadas para identificar correcta y plenamente a sus clientes; para que, de esta forma, se evite de manera efectiva que los usuarios terminen dándole un uso inapropiado a los productos contratados.  Así, no solo se genera una mayor confianza en los sectores de telefonía móvil y financiero, sino que se garantiza un uso más seguro de sus productos.