“Aquellos que han actuado bien no tienen por qué temerles a los organismos de control”, manifestó el contralor Carlos Felipe Córdoba al hacer un balance de la gestión durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evitar que los corruptos se roben la plata de la emergencia sanitaria?

CARLOS FELIPE CÓRDOBA: Eso se evita anticipándonos, cruzando información, apoyándonos entre los distintos organismos como uno solo.

En ese sentido, la estrategia que la Contraloría General de la República articuló con la Fiscalía y la Procuraduría está demostrando su eficacia. A partir de acciones preventivas, basadas en una vigilancia en tiempo real, nos hemos convertido en una barrera de contención y en un arma disuasiva frente a quienes pretenden lucrarse de las necesidades de la gente en estos tiempos de crisis. La anticipación, la coordinación y la información es la clave del éxito en esta materia.

ENS: ¿Qué responder a la Federación Colombiana de Municipios que pide respetar el debido proceso de los alcaldes y no condenarlos antes?

CFC: Hasta el momento no ha habido una queja formal, debidamente sustentada, en ese sentido. Nuestras alertas tienen un carácter preventivo y cuando se trate de fallar las investigaciones, lo haremos ajustados a la garantía del debido proceso y libres de prejuzgamiento. Aquellos que han actuado bien no tienen por qué temerle a los organismos de control.

ENS: ¿No sería mejor centralizar toda la contratación en Bogotá o en un fondo tipo Colombia Humanitaria, como pasó con el terremoto del Eje Cafetero o en la emergencia ambiental de 2011?

CFC: Ese tipo de decisiones son potestativas del Gobierno y bajo la vigencia de un Estado de excepción, están sujetas al control automático de la Corte Constitucional y al control político que puede ejercer el Congreso de la República.

No es nuestra misión recomendar cómo contratar. Nuestra misión es vigilar y controlar lo que se contrate sin importar cuál sea el vehículo creado por las autoridades competentes para realizar esa contratación.

ENS: ¿Tienen los entes de control en Colombia la suficiente capacidad para vigilar en tiempo real miles de contratos de urgencia manifiesta a lo largo y ancho del país?

CFC: En la práctica estamos demostrando que sí. Desde el 10 de marzo hasta hoy han sido firmados 81.567 contratos en todos los niveles de la administración pública. De ellos, 21.977 por valor de $2,5 billones, tienen que ver con la pandemia y han sido analizados por nosotros. Ya hemos emitido alertas sobre manejos que generan riesgo fiscal en 67 entidades territoriales. Hemos advertido sobre tales riesgos en 15 de las 32 gobernaciones, también en 51 alcaldías, así como secretarías municipales y distritales.

Creo que estos resultados parciales están probando nuestra capacidad. Estamos actuando, aprendiendo, ajustando y mejorando para cada día ser más efectivos en nuestra labor.

Nuevo modelo

ENS: El nuevo modelo de control fiscal, ¿qué aplicación tendrá en esta coyuntura inédita?

CFC: Ese nuevo modelo ya está funcionando a cabalidad y ha probado su eficacia en el ámbito preventivo, seguramente, mostrará también su solidez cuando entremos en la fase de investigaciones de fondo y debamos imponer sanciones, así como recuperar los recursos que se hayan podido perder.

El modelo nos permite hacerlo sin las dilaciones del pasado. Este nuevo modelo espera ser disuasivo y evitar que el daño se realice. Es decir, en la evaluación del modelo no solo hay que evidenciar lo que se recuperó, sino especialmente lo que se evitó. Dejo claro, además, que nuestras acciones preventivas no son vinculantes y tampoco pretendemos coadministrar.

ENS: ¿No es demasiado ingenuo un Estado que deja billones de pesos de contratación casi a dedo en manos de administraciones regionales en donde se han dado casos de carteles de robo continuado, hasta incluyendo los desayunos escolares?

CFC: En vigencia de un Estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional, todas las entidades territoriales quedan habilitadas para contratar, muchas veces de manera expedita, bajo la condición de que lo hagan con el objeto de solucionar problemas causados por la pandemia.

La causal de contratación que más se invoca es la de urgencia manifiesta y por eso, tanto la vigilancia como el control deben también, tener carácter de urgencia y sentido de oportunidad. Ese es un desafío que estamos enfrentando con grandes aliados: la ciudadanía, los medios de comunicación y la tecnología. Por eso, estamos llamando a tiempo la atención sobre hechos sensibles e indignantes, como posibles sobrecostos en los contratos para llevar alimentos a personas vulnerables, para dotar a hospitales y al personal de la salud.

Nosotros no calificamos si algo es ingenuo o no, sino que entramos a vigilar lo que están ejecutando los que tienen una responsabilidad según la Constitución y las leyes.

Vigilancia preventiva

ENS: Otra gran preocupación es la correcta focalización de las ayudas sociales. ¿Cómo garantizar que las reciban los más vulnerables y que la politiquería no termine desviando los mercados, subsidios y ayudas?

CFC: La clave principal es la vigilancia preventiva, técnica y objetiva; reitero: sin coadministrar.

Uno de los mejores ejemplos de que es posible hacerlo, es el seguimiento a la línea especial de crédito Colombia Agro Produce, donde encontramos que de los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones habían ido a grandes comercializadores y agroindustriales y solo $4.200 millones para pequeños productores.

Esa vigilancia activa y preventiva ha permitido en varios casos que la administración pública constate sus errores y los corrija. A la fecha, se han cancelado operaciones por $58.753.000.000 en créditos devueltos, lo que significa $1.764.700.000 en subsidios.

ENS: ¿Cómo garantizar que los $2,1 billones que se giran al sector salud sí se destinen a la emergencia sanitaria y no terminen siendo desviados por EPS y hospitales a otra clase de rubros o, peor, blanco de corrupción, o en manos de los socios?

CFC: Desde la órbita de sus competencias los órganos de control pueden contribuir haciendo un seguimiento detallado al flujo del recurso desde su origen hasta su destino final. Así, se reduce la posibilidad de que sea desviado.

ENS: La Contraloría ha advertido muchas veces que dineros de las regalías están congelados en los bancos. ¿No es momento de acudir a estos recursos para financiar el plan de contingencia por el Covid-19?

CFC: Están en marcha mecanismos administrativos para usar recursos de regalías en la mitigación de los efectos de la pandemia. El FOME se nutre de dineros que son del Fondo de Ahorro y Estabilización.

Yo confío en que las decisiones administrativas sobre disposición de esos recursos de regalías, cualquiera que sea su destino actual, se usen en beneficio de las comunidades que lo necesitan. Esos recursos son sagrados y la Contraloría los ha venido vigiando rigurosamente.

Durante el año pasado, los hallazgos fiscales de la Unidad de Regalías ascendieron a $720.000 millones, con los cuales pudieron haber sido construidos unos 36 megacolegios o dos hospitales de cuarto nivel.