Considerando que Bogotá es la primera ciudad en América Latina que tiene una Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, ayer la Veeduría emitió uno de sus documentos técnicos para enriquecer el debate públicos ad portas de las elecciones regionales, y comenzó por decir que Bogotá debe comprometerse a darle cumplimiento a esta política.

Así mismo, el ente de control dijo que este año Bogotá completará dos mediciones de riesgos de corrupción administrativa mediante la aplicación del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB). Por ello, el reto de la próxima Administración es el de continuar aplicándolo y aumentar la calificación promedio que están obteniendo las entidades del Distrito en la medición 2018–2019.

Punto aparte, el próximo Alcalde debe liderar e impulsar las reformas legislativas que a nivel nacional están favoreciendo la implementación de lineamientos anticorrupción distritales, incluyendo los desarrollados por la Veeduría Distrital, y deberá actualizar y armonizar la normatividad en materia anticorrupción.

De acuerdo con la Veeduría, solo el 38% de las entidades evaluadas cuentan con políticas para la declaración y trámite de conflictos de intereses, y por ello el próximo Alcalde deberá adoptar un sistema de reporte y seguimiento a este respecto.

Punto aparte, Bogotá debe avanzar en la divulgación y publicación voluntaria de declaraciones de bienes y rentas de los niveles directivos como una medida de transparencia, para detectar riesgos de corrupción y prevención de conflictos de intereses.

En igual medida, 31 de las 34 entidades evaluadas no cuentan con lineamientos de protección al denunciante y 16 no cuentan con protocolos de custodia de los datos de los denunciantes que garanticen el anonimato. Por ello, la ciudad tiene el reto de generar lineamientos que protejan a quienes denuncian.

La próxima Administración distrital debe establecer un programa para exigir y asegurar que los proveedores y prestadores de servicios en la ciudad cumplan con estándares de integridad y de transparencia en toda la contratación pública, y también deberá facilitar los trámites.

Por último, frente al acceso a la información pública, para 2015 solo el 43% de las entidades del Distrito contaban con registros de activos de información. Para consolidar un gobierno abierto, hay que asegurar una estrategia que fomente la apertura de información.

Eso, sumado a la necesidad de avanzar en una estrategia de regularización del empleo público y de generación de procesos meritocráticos, fueron las recomendaciones de la Veeduría para prevenir la corrupción en la capital.