Mientras a los OCAD no lleguen proyectos bien hechos, será difícil acelerar aprobación y ejecución de recursos 

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El Congreso de la República aprobó el pasado miércoles el Presupuesto Bienal de Regalías 2019-2020 por $24,2 billones, el monto más alto desde la creación del Sistema General de Regalías, en 2012.

Entre los retos que surgen por esta cifra para las regiones, que son las beneficiarias, se debe mencionar que además de la transparencia en el uso de esta plata hay que hacer hincapié en que se utilice toda para atender las necesidades en sectores clave como agua, saneamiento básico, salud, entre otros, pues de vigencias anteriores aún no han sido ejecutados $6 billones porque, en la mayoría de los casos, son rechazados por no estar suficientemente formulados o sustentados.

En consecuencia, las regiones tendrán para invertir en proyectos de desarrollo durante este bienio un total de $30 billones, sumando los $6 billones de vigencias anteriores que se han quedado sin ejecutar porque a juicio de algunos hacen falta suficientes políticas públicas en departamentos y municipios que orienten los proyectos de inversión que presentan las entidades territoriales para su aprobación a los OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), organismos que evalúan, viabilizan, aprueban y priorizan los programas y proyectos que serán financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, el cual es fondeado con los recursos que por este concepto las compañías mineras y petroleras que operan en el país.

El analista y experto en políticas públicas, Johan Avendaño, dijo a EL NUEVO SIGLO que “cuando ponen a los municipios a competir para poder ejecutar esos recursos se debe contextualizar qué tipo de municipios son: casi todos son municipios de tercera, cuarta y quinta categoría”, de los cuales dijo que son “municipios muy pequeños con un poca capacidad técnica en la formulación de proyectos. Una cosa es que Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena presentaran proyectos porque tienen un pool de profesionales al interior de la administración pública, en relación a municipios que en muchos casos no tienen sino escasamente funcionarios, algunos de ellos con un nivel profesional básico, otros con una formación técnica, lo que impide que puedan documentar todos los requisitos que exige el Gobierno nacional”.

Avendaño coincidió que otro problema es “la inexistencia de una política nacional marco, porque si para los alcaldes era muchísimo más fácil, por ejemplo, sumarse a una política nacional para garantizar la cobertura de agua potable, como una política marco, que tuviera unos elementos técnicos, seguramente estos municipios podrían colgarse de esas especificaciones técnicas, económicas, financieras, para poder justificar la necesidad de su proyecto”.

Concluyó señalando que comparte la descentralización del presupuesto y que Bogotá ejerza controles, pero “al Gobierno nacional se le olvidó que necesita formar capacidades en los municipios para que den respuesta en estos niveles de proyectos que se están pidiendo”.

Los OCAD son una creación de la reforma que hizo la administración Santos al Sistema General de Regalías, la cual además de hacer distribuir estos recursos en todas las regiones, pues anteriormente el 80% se concentraba en los departamentos productores, ejerce control para que la inversión se dirigiera verdaderamente a obras y actividades que requiriera la población.

En el anterior sistema la plata de las regalías se giraba directamente a las regiones, que decidían en qué invertirla. Sin embargo, ello permitía que fuera caldo de cultivo para elefantes blancos, como la construcción hace más de dos décadas de un velódromo en los Llanos que fue comido por la maleza sin ser utilizado pues ni siquiera por esos días el deporte del ciclismo se practicaba competitivamente en estos lares.

No obstante, el remedio en la práctica ha evidenciado problemas de operación. Un informe de la Contraloría General de la República indicó que en su momento en el sistema financiero existían más de $10,7 billones sin ejecutar del bienio 2015-2016, debido a la ineficiencia tanto de las entidades territoriales en la presentación de proyectos como en la demora en la aprobación de los mismos por parte de los OCAD.

Añadió el órgano de control que la corrupción continúa reinando con el actual Sistema General de regalías teniendo en cuenta que el 70% de las adjudicaciones por concurso de méritos y licitaciones son a un único oferente arrojando la auditoría de la CGR que se encontraron 657 hallazgos fiscales por $496 millones.

La Contraloría indica además que “para las entidades territoriales, en el caso de los OCAD Regionales, este proceso de verificación se ha caracterizado por cuellos de botella, que retrasan en general la aprobación de los proyectos: devolución de proyectos muchas veces de manera injustificada; rotación de personal del Departamento Nacional de Planeación, que trae consigo el cambio de criterios; y de la mano con el anterior, subjetividad en la aplicación de los mismos, a pesar de que la norma es muy detallada. Esta realidad demuestra la fragilidad institucional de los OCAD”.

Lo que dicen los alcaldes

El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo a este Diario que “la única razón por la cual tenemos $6 billones sin ejecutar es porque los OCAD no permiten que los municipios puedan ejecutar sus recursos de manera eficiente y ágil. Los OCAD son una talanquera, un impedimento comprobado que es un escollo para que los municipios puedan utilizar los recurso de regalías en las obras que necesita el bienestar de las comunidades locales”.

Toro previno que “estos $24 billones más los $6 billones que se aprobaron, si no se acaban los OCAD van a correr la misma suerte”.

Añadió el directivo que los primeros OCAD que deberían desaparecer son “los municipales, los del Fondo de Compensación”.

Explicó que los OCAD “los integran un representante del Gobierno nacional, un representante del Gobierno departamental y un representante del municipio, y en la mayoría de las veces se juntan el representante del Gobierno nacional y el del Gobierno departamental para que por razones de distinta índole, incluyendo politiqueras, no le aprueben a un municipio sus proyectos”.

Agregó que en otras ocasiones el freno es porque en “Planeación en unas dependencias le dan el visto bueno al proyecto presentado y en otras dependencias dicen que le falta otra cosa”.

Otra razón, detalló Toro, “para que haya reuniones de los OCAD se necesita que el Gobierno nacional envíe su representante, y los representantes se excusan, no pueden ir, tienen demasiado trabajo y aplazan y aplazan las reuniones”. 

Este medio intentó sin éxito comunicarse con el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo.