EL PRÓXIMO viernes termina el plazo de un mes que el presidente Iván Duque anunció, el día de su posesión, que se tomaría para analizar la negociación de paz que el anterior gobierno venía adelantando con la guerrilla del Eln desde hace dos años.

Hay mucho en juego en la decisión de la continuidad o no de las tratativas que comenzaron a comienzos del año pasado en Ecuador pero que meses atrás fue necesario trasladar a La Habana, después de que el gobierno del presidente Lenín Moreno le diera un ‘portazo’ al proceso de paz, debido a las acciones de terrorismo, secuestro y narcotráfico de esta guerrilla y las disidencias de las Farc en la región fronteriza.

¿Cuáles son las opciones? Según los analistas hay tres vías que la Casa de Nariño podría adoptar, cada una de ellas con fuertes implicaciones en materia política, de orden público a corto y mediano plazos y, quiérase o no, de cara al panorama de los comicios regionales del próximo año así como frente a una tempranera campaña presidencial para 2022.

La primera opción, acorde con un Presidente que proviene de las toldas del Centro Democrático, el mayor crítico de la metodología y los resultados del proceso de paz con las Farc, sería la de imponer, de entrada y como pre-requisito inamovible, duros condicionamientos a la continuidad de la negociación en La Habana, o incluso en España, según lo ofreció esta semana el jefe del gobierno ibérico, Pedro Sánchez, de visita en Bogotá.

¿Cuáles condicionamientos? Cuatro esencialmente: 1. El Eln debe comprometerse a renunciar al secuestro de forma definitiva. 2. También tiene que firmar un pacto en donde cese toda hostilidad hacia la Fuerza Pública o los civiles, lo que incluye no más terrorismo, extorsión, atentados a militares y policías como tampoco a la infraestructura petrolera, eléctrica o vial. 3. Si se procede a un cese el fuego bilateral y temporal, los frentes guerrilleros deben concentrarse en determinados territorios con el fin, de un lado, de no afectar la operatividad de la Fuerza Pública contra otros actores ilegales (Bacrim, disidencias de Farc y narcotráfico) y, de otro, permitir una verificación real y eficaz de una Misión de la ONU al cumplimiento de la tregua. 4. Entender que cualquier nuevo acuerdo de paz será menos flexible que el firmado con las Farc, puesto que este Gobierno no acepta la cero cárcel a los subversivos culpables de delitos atroces; exige la entrega certificada de bienes y la confesión de la verdad para resarcir realmente a las víctimas; restringirá cualquier posibilidad inmediata para que los desmovilizados hagan política; y -como ya lo propone un proyecto de ley radicado en el Congreso- no acepta que el narcotráfico o el secuestro puedan ser considerados como conexos al delito político.

Ese es el discurso que Duque y el uribismo recalcaron a lo largo de toda la campaña electoral y el que, a no dudarlo, les dio el triunfo en las parlamentarias y las presidenciales. Es claro que el Jefe de Estado tiene, en ese orden de ideas, muy poco margen de acción para flexibilizar los condicionamientos anotados, sobre todo los puntos 1 y 2.

Sin embargo…

Ahora bien, es evidente que si Duque pone un menú de condicionamientos tan alto, el Eln, como lo han reiterado sus negociadores y cabecillas, no los aceptará. Es conocida la radicalidad de esa guerrilla de estructura ‘federal’ y también que a su interior hay dos bloques, uno proclive a mantener las tratativas y otro al que no le importaría romperlas y radicalizar la ofensiva militar y terrorista.

Si Duque, al que sus críticos siguen acusando de querer hacer ‘trizas’ el acuerdo con Farc y romper el proceso con el Eln, no quiere acabar esta última negociación o ‘congelarla’ por muchos meses, tendría, entonces, que ceder en algunos puntos. Por ejemplo, podría mantenerse en lo de la proscripción obligatoria del secuestro (con la liberación de los actuales plagiados) y proceder a discutir en la mesa prioritariamente un cese el fuego bilateral y con tropas subversivas localizadas, que permita negociar sin hostilidades a bordo. Ello le daría un margen de espera a las tratativas y, de conseguir una tregua bajo esas condiciones, pondría al Gobierno uribista como portaestandarte de un proceso de paz corregido y viable, que pueda contrastar con el tan criticado de Santos.

Y, como tercera opción, el Gobierno podría seguir la negociación bajo la misma metodología que venía con el anterior gobierno, que no logró que el Eln renunciara al secuestro, ni que aceptara un cese el fuego con localización de tropas. Un Eln que dejó en claro no solo que quería reformar al Estado colombiano a fondo, sino que buscará más gabelas políticas, jurídicas y económicas que las dadas a las Farc. Es claro que seguir el proceso en las mismas condiciones no le conviene a la Casa de Nariño y significaría un alto costo político para Duque y, sobre todo, el Centro Democrático.

¿Qué camino tomará el Gobierno? El próximo viernes se sabrá, pero es evidente que hay mucho en juego, no sólo desde el punto de vista político, sino de orden público y electoral.