Diseñar una regulación que evite los abusos en las tarifas, así como en la infraestructura de los peajes en el territorio nacional, es lo que busca el proyecto de ley promovido por el representante Fabián Díaz, de la Coalición Alternativa Santandereana.

La propuesta señala que aunque los peajes se constituyen en la forma en la que el Estado busca la financiación suficiente a través de una tarifa por el uso de las vías para lograr mantener y conservar las mismas en un estado funcional, esta finalidad técnica no se cumple en el país, debido a que “enfrenta serios retos a la hora de compaginarse con las necesidades de los pobladores de los territorios atravesados por las concesiones viales”.

Señala que lo anterior se soporta con un informe presentado por Fedesarrollo, en el que se registra que “el 80% de las carreteras del país están en un estado que va de malo a regular (el 44% del total de la red vial se encuentra en un estado malo) y solo el 15% de las carreteras del país están pavimentadas, en comparación con el promedio de la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) OCDE del 75%”.

Para Díaz, no se trata solo de mejorar el estado vial, sino que el desarrollo del mismo debe impactar de manera positiva a los habitantes de una región. “Nada ganamos al desarrollar una infraestructura vial que no implica desarrollo económico en su entorno de afectación, sino que encarece los precios de vida y producción de las zonas aledañas”, sostuvo.

“Entre más peajes instalados en un trayecto, mayor es el costo por kilómetro y hay desproporción entre el número kilómetros y los costos de los peajes en Colombia. Lo que implica además un mayor número de renegociaciones de contratos de concesión, lo que consume capacidad administrativa y burocrática”, agregó el legislador.

La iniciativa señala que Colombia es uno de los países con los peajes más costosos, en donde su valor depende prioritariamente de la categoría del vehículo y no considera ningún factor de equidad, por lo que aseguró que “aunado al marco normativo frágil y variable constituye un gran reto para la planeación y el desarrollo empresarial, social y el desarrollo vial”.

Por lo anterior, el legislador plantea en el proyecto, que la tarifaria de los peajes sea diferencial, según las condiciones socioeconómicas y nivel de ingresos de los pobladores de la zona afectada por la concesión vial, con relación a la de quienes simplemente transitan por la concesión, así como establecer unas tarifas menores o exentas para aquellos vehículos que transporten productos agropecuarios.

Contempla además que la distancia mínima entre peajes sea de 150 kilómetros y en caso de que existan daños en la infraestructura vial por causas naturales o antrópicas, estas no serán motivo de aumento en los costos de los peajes.

Por último, propone una reducción de los costos en las vías de infraestructura compartida. “Aquellos caminos atravesados o bordeados por líneas de transmisión eléctrica, oleoductos, o gasoductos, estarán afectos al pago de servidumbre a favor del concesionario de la infraestructura por parte de las personas jurídicas propietarias de la infraestructura energética o de gas, este valor será descontado de la tarifa del peaje cobrada a los usuarios. El valor de la servidumbre será fijado por el Gobierno nacional a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas”, muestra el documento.