La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ampliar de manera excepcional el plazo establecido para que las organizaciones interesadas presenten los informes de víctimas ante esa magistratura, el cual se venció el pasado 21 de marzo.

El requerimiento fue realizado con el propósito de que se garantice su efectiva participación ante la Jurisdicción, así como el principio de igualdad, teniendo en cuenta que las organizaciones han expresado dificultades para cumplir con el término fijado, especialmente en los territorios donde persiste el conflicto. 

En comunicación dirigida a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, el Ministerio Público señaló que en las diligencias de observaciones organizadas durante la segunda ronda de priorización de macrocasos, “las víctimas fueron reiterativas en indicar que existen circunstancias excepcionales que les han impedido presentar sus informes”. 

Entre las causas registradas se encuentran la falta de garantías de seguridad para quienes participan en la elaboración de los informes, así como las dificultades para recolectar y procesar la información como consecuencia de las condiciones de orden público en sus regiones.

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“El Ministerio Público asume como propia y respalda la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de informes por parte de las organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos. Negar esta solicitud implica la transgresión del principio de centralidad de las víctimas, en tanto que se desconocen las barreras existentes para su participación efectiva”, precisó la Procuraduría en la comunicación, firmada por los cuatro delegados con funciones de intervención ante la JEP. 

El Ministerio Público señaló que esos informes son insumos fundamentales para lograr que en los macrocasos se identifiquen las conductas más graves y representativas cometidas durante el conflicto armado y, en consecuencia, “se cumpla con las obligaciones internacionales y con las víctimas y la sociedad colombiana de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes para su no repetición”. 

La Procuraduría General de la Nación reconoció el esfuerzo de la JEP para sistematizar los informes presentados, así como el hecho de haber concedido una primera prórroga para la presentación de los informes, que en principio vencía el 12 de julio de 2021 y se extendió hasta el 21 de marzo de 2022, pero al mismo tiempo precisó que “el límite temporal impuesto no se compadece con la realidad y desconoce que existen factores que han impedido la satisfacción de estos derechos”, puntualizó.