Por presunta infracción al deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a otros funcionarios públicos, la Procuraduría General de la Nación llapo a juicio disciplinario al alcalde Distrital de Cartagena (2020-2023) William Jorge Dau Chamat.
La decisión del ente de control obedece a que presuntamente el mandatario cartagenero se refirió en términos desobligantes e irrespetuosos hacia los directivos de la Universidad de Cartagena, en declaraciones hechas a los medios de comunicación el pasado 31 de julio de 2020.
Al parecer, el alcalde pudo haber utilizado expresiones como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines” para referirse a los servidores, con lo que habría afectado su dignidad e integridad moral, y vulnerado lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, “(…) tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.
El ente de control le cuestionó a Dau Chamat una posible violación de las normas de obligatorio cumplimiento, al presuntamente no propender por un actuar encaminado al respeto y salvaguarda de la dignidad humana.
La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.
Recuperan predio en Tayrona
De otro lado, el Ministerio Público y Parques Nacionales Naturales de Colombia lograron recuperar un predio de propiedad de la Nación ubicado en el Parque Nacional Natural Tayrona, y que había sido ocupado ilegalmente por particulares.
El predio en cuestión se encuentra en los sectores conocidos como Playa Bonito Gordo y Playa Granate, lugar donde se efectuaron construcciones destinadas a actividades turísticas y de recreación sin el permiso de las autoridades ambientales.
La Procuraduría informó que de acuerdo con análisis realizados por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la intervención ilegal generó graves impactos ambientales en zonas primitivas, intangibles y de recuperación natural, ocasionados por la tala de bosques, la alteración de cuerpos de agua, la generación de vertimientos y residuos y el rompimiento y desprendimiento de corales en el área marina por la actividad de embarcaciones.
La acción realizada permitirá que se adelanten actividades de restauración del ecosistema del bosque basal seco, considerado en nivel crítico de amenaza ya que solo queda el 1% en todo el país, y del bosque inundable costero, así como iniciar la recuperación de las fuentes hídricas que fueron intervenidas ilegalmente.
El predio recuperado fue incluido al patrimonio de la Nación y declarado como baldío reservado e integrado al Parque Nacional Natural Tayrona en 1975.
La Procuraduría General acompañó y apoyó el trámite de la querella instaurada para lograr la recuperación del predio, proceso que fue adelantado por la Dirección de Asuntos Policivos y Regulación de Espacio Público de Santa Marta.
En la diligencia realizada en el Parque Tayrona participaron funcionarios del Ministerio Público y de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
También se contó con el apoyo de autoridades municipales y miembros del grupo de guardacostas, la Policía y la Personería de Santa Marta, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.