PLIEGO DE cargos al exsecretario general del Ministerio de Interior, Juan Manuel Reyes Álvarez, formuló la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato entre dicha cartera y Telecafé en el año 2023.

La medida del Ministerio Público, liderado por Margarita Cabello, alcanzó a otros ciudadanos como el director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, Álvaro Echeverry Londoño, y al exgerente encargado de la citada sociedad de televisión, Martín Fernando Montoya García.

Presuntamente, el día 24 de marzo del año pasado, justo cuando se llevó a cabo el convenio interadministrativo, Telecafé “no tenía la idoneidad y capacidad técnica y física para prestar los servicios de operación logística de los eventos, encuentros y actividades requeridos por el Ministerio y contratados de manera directa”.

Como se sabe, el acuerdo entre ambos superó los $61.900 millones, monto que generó controversia y que llevó al órgano de control disciplinario a ejecutar la medida contra los citados.

“Las pruebas muestran que esa firma celebró seis contratos de prestación de servicios con igual número de empresas, por $57.000 millones, para ejecutar las mismas obligaciones y suministrar los mismos elementos convenidos con la cartera del Interior”, manifestó la Procuraduría General, por medio de un comunicado.

Esto quiere decir que se subcontrató toda la operación y suministro del cuestionado contrato interadministrativo sin dejar ningún ítem a cargo de Telecafé.

“En consecuencia, la sociedad de televisión de Caldas, Risaralda y Quindío, Telecafé, habría fungido como un simple intermediario, eludiéndose adelantar el proceso de selección que correspondía”, agregó la Procuraduría.

Por estos hechos el Ministerio Público formuló cargos a Reyes Álvarez y Montoya García, quienes suscribieron el señalado contrato interadministrativo y a Echeverry Londoño quien elaboró el estudio previo y la justificación del convenio según la cual, Telecafé tenía la capacidad para ejecutar las obligaciones contratadas.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal calificó las conductas reprochadas provisionalmente a los tres investigados como gravísimas a título de culpa gravísima.