Para evitar algunas controversias que fueron de conocimiento público en anteriores procesos electorales en el país, la Procuraduría ha establecido una serie de 10 recomendaciones para impedir que se reiteren varias problemáticas en las próximas elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

A través de la Directiva 016 de 2021, la procuradora general, Margarita Cabello, hizo un llamado al personal adscrito a las entidades públicas, así como a los particulares que prestan sus servicios para el Estado, para que cumplan con las normas establecidas en la Constitución Política y demás leyes de la República, que regulen su participación en aquellas actividades propuestas por partidos y movimientos políticos.

“Esto busca subsanar el vacío existente por la no expedición de la ley estatutaria que reglamenta el ejercicio de la actividad política por parte de los servidores públicos y, cumpliendo su función preventiva, hacer pedagogía para evitar equivocaciones generadas por el desconocimiento de las disposiciones legales”, subrayó la jefa del organismo público.

Sugerencias en las votaciones

En el comunicado, la funcionaria añadió que estas restricciones no pretenden limitar de manera alguna el libre ejercicio del sufragio, al que tienen derecho todos los ciudadanos, y comentó que iniciarán su aplicación para el proceso de elección de Consejos de Juventud que se viene adelantando en todo el territorio nacional.

“Los funcionarios de la Procuraduría deberán cumplir con las tareas preventivas y de intervención que les corresponden, de acuerdo con lo establecido en los Comités de Control Electoral de regiones, distritos y municipios, durante todas las etapas del proceso electoral previstas y hasta culminar la etapa postelectoral. Además, tendrán que informar de manera permanente a la Comisión Nacional de Control Electoral del organismo de control sobre las gestiones adelantadas y los resultados obtenidos”, señaló.

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Cabello también extendió una invitación a los colombianos para que, a través de las líneas telefónicas y correos electrónicos a disposición, puedan denunciar cualquier hecho que comprometa la participación indebida en política de servidores públicos y particulares al servicio del Estado, donde podrán adjuntar evidencias fotográficas o videos para desarrollar una investigación al funcionario.

Lista de recomendaciones

El "Top 10" que mencionó la procuradora Margarita Cabello para que no se vuelva a presentar esta problemática es el siguiente:

1.    No utilizar la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política.

2.    No acosar, presionar o determinar en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

3.    Evitar usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.

4.    No usar, con los mismos fines, información reservada a la cual tengan acceso por razón de su cargo.

5.    No exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política.

6.    No disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político.

7.    No realizar contribución al financiamiento de partidos, campañas o causa política, salvo las excepciones previstas para los miembros de las corporaciones públicas.

8.    No difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión, y de radio o imprenta pública.

9.    No ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato o indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

10.  Las recomendaciones generales dirigidas a los servidores públicos y a quienes cumplan funciones públicas señaladas en la presente directiva, se extienden a los procesos electorales atípicos que se adelantan en las diferentes circunscripciones locales, departamentales y municipales.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que de llegarse a conocer un caso que incumpla con lo anteriormente expuesto, la entidad abrirá una investigación formal contra ese servidor público o particular que labora en las oficinas del Estado, y podría ser sancionado, recibiendo desde una multa económica hasta la inhabilitación de ocupar cargos públicos por un extenso periodo.