La cifra no puede ser más preocupante. De acuerdo con la Fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entre el primero de enero y el 28 de diciembre pasados en el país se habían registrado 90 masacres que cobraron la vida de 375 personas.
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Una cifra que ubica a Colombia entre los países con una mayor crisis humanitaria en el mundo entero, de acuerdo con pronunciamientos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país”, dijo hace apenas dos semanas la jefa de esa oficina en la ONU, la expresidenta chilena Michele Bachelet, al cuestionar la “normalización” de las masacres en el territorio colombiano.
Por ello, la exmandataria aseguró que para frenar la ola de criminalidad en hechos colectivos el Estado colombiano debe adoptar “medidas más sólidas y mucho más efectivas”.
Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo ha insistido en que los “homicidios colectivos” son acciones de los grupos del narcotráfico que se asentaron en las zonas donde antes operaban las Farc y que ahora se convirtieron en territorio en disputa por las rutas y corredores para el envío de drogas.
Sin embargo, para los expertos es claro que ha hecho falta presencia del Estado en esas áreas, pues si bien las matanzas corresponden a expresiones violentas originadas en el narcotráfico, la respuesta no puede ser solo militar.
“No se nota un plan de acción ni una política pública para contrarrestar estas masacres, y eso lo que hace es contribuir a que se repitan los procesos de violencia en diferentes zonas del país, que se mantenga la impunidad y que siga la desprotección de las comunidades”, afirma el exministro Camilo González Posso.
Para Indepaz, el mismo patrón se ha venido repitiendo en diversas regiones del país: las disputas no son solo por temas de narcotráfico, sino que también hay otras expresiones como reclamos de tierras, explotación minera, etc., que mantienen enfrentados a las nuevas organizaciones armadas ilegales que surgieron después del Acuerdo de Paz.
Los grupos ilegales que quieren posicionarse en esas regiones, dice González Posso, “aprovechan que no hay mayor presencia del Estado para intimidar a la población civil, cometer estos crímenes y hacerse sentir. Desafortunadamente la Fuerza Pública siempre llega cuando ya las cosas han pasado”, dice.
Justamente, ese patrón de conducta es el que se ha repetido varias veces en las recientes masacres en las regiones más afectadas: Antioquia, la zona más perjudicada, seguida de Cauca y luego Nariño, sin que sean las únicas, pues regiones como el Catatumbo, el nordeste antiqueño el Pacífico colombiano, Chocó, la frontera con Venezuela y Valle del Cauca también figuran entre las que mayor número de masacres han registrado en 2020.
Erradicación de cultivos, la clave
Una de las metas del Gobierno nacional es avanzar en la erradicación de las 160 mil hectáreas de cultivos ilícitos que aún quedan en el país. Para ello, la prioridad del Ejecutivo es la reactivación de la aspersión aérea con glifosato, que aún está en estudio de la Corte Constitucional.
No obstante, para el director de Indepaz es claro que, si bien el narcotráfico es una de las principales causas de la violencia, en el país, no es la púnica, y por tanto la solución no puede ser solo militar.
“En esos territorios en disputa como en el Cauca, Antioquia, Córdoba o el Pacífico, hay economías ilegales, secuestro, extorsión, pero también hay estructuras mafiosas que deben ser combatidas por el Estado, pero no solo con las armas sino con inversión social”, agrega.
Otro experto, el politólogo Ariel Ávila, considera que a la par de la lucha contra el narcotráfico, el Estado debe “no solo reforzar su presencia social en esos territorios en disputa sino mantenerse en el tiempo”.
Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, recuerda que esos “corredores de la muerte”, son zonas estratégicas para el tráfico de estupefacientes, de armas, contrabando y hasta migración ilegal de personas.
Pero, además, son zonas donde las disidencias de las Farc que no entraron en el Acuerdo de Paz, se disputan esos territorios con el ‘Clan del Golfo’, el Eln, las ‘Autodefensas Gaitanistas’ y los llamados Grupos Armados Residuales.
“En zonas como el Pacífico, en Nariño, en Cauca, Valle, Chocó, etc., quienes están llevando la peor parte son las comunidades indígenas y negras” señala el catedrático.
Mayor inversión social
Los dos expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que mientras no haya un viraje social de la política del Estado estas regiones seguirán siendo caldo de cultivo para la disputa territorial de los grupos armados al margen de la ley.
“En Antioquia, en el bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el Chocó, Nariño y Cauca, son regiones en disputa de los grupos y las economías ilegales. Estas agrupaciones armadas al margen de la ley son como las nuevas expresiones paramilitares de otras épocas porque están al servicio de grupos mafiosos y que el Gobierno no ha podido controlar”, señala González Posso.
A su turno, Ávila advierte que “soluciones milagrosas no hay”, al referirse a que, si bien el narcotráfico ha sido la gasolina de la nueva violencia, ni es la única causa ni se puede combatir solo con fumigación de cultivos ilícitos.
Fortalecimiento institucional
De otro lado, recientemente el jefe de la Misión de la ONU para la Verificación del Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, expresó la preocupación del organismo por las muertes de excombatientes de las Farc y desmovilizados.
El diplomático dijo que la ONU “está preocupada” por estas cifras, que según la exguerrilla ya sobrepasan los 250 crímenes.
Ruiz le dijo hace pocas semanas a EL NUEVO SIGLO que, si bien el Gobierno nacional “ha hecho grandes esfuerzos” para brindar protección a los desmovilizados, “también debe proteger los territorios” de donde salieron las Farc y hoy permanecen las disidencias.
Incluso, pidió reforzar las medidas de seguridad en los Espacios Territoriales donde aún permanecen algunos desmovilizados, y activar los mecanismos de verificación como la Comisión de Verificación y Vigilancia del Acuerdo de Paz.