Pese a que el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) entregó el pasado miércoles a la administración de Bogotá un documento que contiene recomendaciones al POT, no emitió un concepto ni positivo ni negativo sobre el mismo, como suele hacerse.

Aún así, la alcaldesa Claudia López resaltó que los últimos dos gobiernos locales (de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro) recibieron un concepto negativo por parte de esta entidad, mientras que las de ahora son recomendaciones constructivas y propositivas para que se apruebe y no para que se niegue el articulado. Por tal razón su conclusión general fue de victoria.

No obstante, y pese a que la mandataria celebró que el resultado fuera favorable, la lectura desde el Concejo de Bogotá no fue tan optimista.

La mayoría de los cabildantes consultados por EL NUEVO SIGLO fueron críticos, sobre todo, frente a tres aspectos: la poca participación ciudadana que al parecer tuvo el Plan de Ordenamiento Territorial; la votación al interior del Consejo Territorial, que tuvo lugar hasta las tres de la mañana; y por último las críticas de la mandataria a algunas quejas, denuncias y acusaciones hechas previamente desde el Concejo, sobre este procedimiento puramente consultivo.

Ante este hecho en específico, el concejal y excandidato a la Alcaldía, Carlos Fernando Galán, aclaró que “ejercer el control político no es abusar; vigilar que las normas se cumplan no es abusar; pedir transparencia a su gobierno no es saboteo. En democracia los gobernantes deben estar abiertos a la críticas. Esas ínfulas autoritarias no le convienen a Bogotá”.

Este proceso, adicionalmente, hizo que varios concejales llamaran la atención sobre cómo esto estaba medio cantado, pues el trámite que le ha dado esta administración al POT ha sido supremamente expedito vía fast track y lo que a los exalcaldes Peñalosa y Petro les tomó prácticamente toda su gestión, en la actualidad ha tomado 19 meses, de los cuales solo tres, en la CAR, han sido de concertación.

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Una votación dudosa

El concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, sostuvo que efectivamente este proyecto tuvo muchísima menos socialización de la que tuvo el de Enrique Peñalosa, lo que llama la atención pues esta fue una de las principales razones por las que se hundió, pero también refirió que la forma en la que se condujo la votación al interior de la instancia le restó mucha legitimidad al proceso.

“Al margen de ese poco ejercicio de territorializacion (sobre todo en el periodo de diagnóstico), que no se puede desconocer, se suma que hubo trámites bastantes complejos. Esta es la máxima instancia de participación ciudadana y vimos como la persona que redactó el documento lo votó en contra porque consideró que no se habían dado las cosas de la manera debida y al final no estaba claro qué estaban votando. Creo que eso le resta mucha legitimidad al proceso porque sintió que no se dieron las garantías suficientes”, le dijo a este Medio el concejal del Centro Democrático.

Añadió que las modificaciones que se hagan deberán estar sustentadas en los ejercicios de participación en el marco del Consejo, porque si se sacan planteamientos de la nada se podría poner en riesgo la viabilidad de esos artículos, toda vez que no habrían cumplido con las exigencias de participación.

En esto coincidió Susana Muhamad de la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS, quien refirió que “lo que pasó no tiene precedente. No sabían claramente qué se iba a votar y no hay concepto ni positivo ni negativo del mismo. Fue una votación muy lánguida, todo esto deja un vacío de legitimidad y si me preguntas a mí el porqué, es porque todo este proceso se hizo a la carrera”, finalizó diciendo.

Por su parte, el concejal del Polo, Carlos Carrillo, indicó que "hoy por hoy habría hecho menos ruido quizás un concepto negativo, que lo que quedó en el ambiente: su autoritarismo, pues no fue capaz de respetar lo que determina el Consejo. Cuando llegó la hora decisiva vimos un bochornoso espectáculo de estar hasta las 3 de la mañana tratando de detener como fuera un posible concepto negativo”, dijo.

Añadió que la votación en esta instancia dejó muy insatisfechos a los vecinos, a varios consejeros, a sectores de la sociedad que no se sintieron representados y concluyó con una pregunta: “La mandataria estiró el reglamento del CTPD al extremo y si ella es capaz de hacer lo que hizo para cambiar un concepto que ni siquiera es vinculante y que la opinión pública no conoce, ¿qué va a ser capaz de hacer para hacer aprobar ese POT en el Concejo de Bogotá?”, concluyó diciendo.

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Baja participación

A este respecto, la concejal Muhamad advirtió que la ciudadanía se ha venido cualificando en materia de participación, con proyectos de territorio e ideas, pero que al parecer se encontraron con una administración que se habló a sí misma, expuso lo que estaba en el proyecto y no asumió lo que le dijeron los ciudadanos.

“Hay una preocupación con vecinos y residentes de diferentes lugares de Bogotá: para poner un ejemplo un poco caricaturesco, desde Santa Ana hasta El Tunjuelo y el común denominador es que la ciudadanía no sintió que se recogieran ni sus propuestas ni sus inquietudes. Fueron procesos de participación muy parciales y con información fragmentada”, aseguró Muhamad, quien dijo que esto ha despertado mucha incertidumbre por parte de las comunidades.

Añadió, además si este era el momento para adelantar los procesos de participación, en el marco de una crisis sanitaria, con restricciones, con un paro que se extendió y un tercer pico que llegó hasta finales de julio. “La situación no fue fácil y en vez de estabilizar a la ciudad le intentan meter el POT a la carrera, con el Estatuto Orgánico, todo un Franckestein y muy triste lo que dijo la alcaldesa el miércoles: 'De malas, ustedes votaron por mi y por mi programa y esto es lo que estamos haciendo'”, añadió.

Por su parte, la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, comenzó por referir que la socialización del POT de Enrique Peñalosa se hizo UPZ por UPZ y en esta ocasión el tema de participación es completamente negativo.

“Utilizaron la pandemia y yo creo que era el afán que tenían: Usarla para legalizar cosas que no tenían sentido. Mi equipo fue a varios de los eventos que convocaron y la participación fue lánguida. No creo que tengan cómo enmendar este tema de aquí al 10 de septiembre. Estamos preocupados y no solo por el tema de participación que ya es de por si bastante preocupante. Hay que ver que se presenta”, indicó a este medio la concejal Bastidas.

Nuevas dinámicas

No obstante, la alcaldesa Claudia López fue clara al advertir el día de la presentación que la voz democrática y decisoria, que decidió la ley que tuviera el Concejo de Bogotá, también será tenida en cuenta.

“Con los concejales y concejalas de Bogotá nos hemos venido reuniendo a la par que con el CTPD como nos corresponde, como un  gobierno democrático. Pero será allá, en el Concejo, en donde está la última voz. Celio Nieves, el presidente de la Comisión del Plan en donde se radicará la propuesta el próximo 10 de septiembre sin falta, me ha expresado que es voluntad no solo de él sino del Concejo, que durante el trámite legal y decisorio continúe un muy amplio proceso de participación y deliberación con la ciudadanía. Cuya posta pasará a ser liderada por la mesa directiva primero de la comisión y luego de la plenaria. Entonces el proceso de concertación continúa”, añadió la mandataria.

Por esto el concejal Nieves (Polo), indicó que algunos sectores de la ciudadanía tendrán razones válidas para calificar que la participación pudo haber sido baja, pero resaltó que en medio de esta discusión hay un elemento que no se ha tenido en cuenta: pese a la pandemia se ha combinado la presencialidad con la virtualidad en la participación.

“No estamos en una época de normalidad como sí se estuvo cuando se socializó la discusión del POT de los exalcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa y ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta” dijo.

Añadió, como lo indicó la misma alcaldesa López, que “en lo que a mí corresponde, entrando a dilucidar elementos nuevos de participación en el marco de lo que tiene que hacer el Concejo de Bogotá en los 90 días establecidos por ley para definirse a favor o en contra del POT, y por el tiempo que va a estar en la Comisión Primera, buscaré nuevas dinámicas de participación ciudadana entre lo virtual y lo presencial y en este último escenario vamos a garantizar audiencias en algunas localidades de Bogotá”, finalizó diciendo.