Durante una rueda de prensa, la alcaldesa Claudia López, informó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y los tres proponentes que se presentaron para la ejecución del Corredor Verde de la Carrera Séptima presentarán una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en respuesta a la medida cautelar adoptada por el Juez 35 Administrativo del Circuito, la cual suspendió el desarrollo del proyecto.
El Distrito asegura que esta decisión se basa en la convicción de que se han vulnerado los principios del debido proceso y se ha afectado gravemente el interés público de la ciudad.
“Creemos que el señor Juez de la República desestimó argumentos y desconoció jurisprudencia sobre la materia. Creemos que no solamente a la Alcaldía Mayor y a los bogotanos, sino también a los tres proponentes, empresas privadas de alto nivel de nuestro país, se le desconoció sus derechos al debido proceso al tomar esa decisión”, sostuvo la Alcaldesa Mayor.
La mandataria distrital señaló que cada rama del poder público tiene su función especial, y no es resorte de la Rama Judicial decidir sobre los diseños de ingeniería de un proyecto; “eso le corresponde a la Rama Ejecutiva, y para eso somos electos por voto popular, para tomar decisiones de la inversión de los recursos públicos, inversiones técnicas y de ingeniería para la movilidad de la ciudad”.
La alcaldesa López agregó: “con todo respeto lo decimos: tenemos a un Juez de la República que ha usurpado funciones que le corresponden a la Alcaldía, y ha desconocido derechos que tienen los empresarios privados”.
A su turno, William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía Mayor, explicó: “consideramos necesario que, a través de la acción de tutela, basándonos en la garantía del derecho fundamental del debido proceso y en aras de evitar un perjuicio irremediable que está ocasionando esa parálisis de la adjudicación de la fase tres, se reviva y vuelva el curso del proceso contractual”.
El funcionario del Distrito manifestó que la suspensión de la licitación está ocasionando un perjuicio irremediable, que se ve reflejado en la pérdida de más de $82.000 millones que han invertido las últimas alcaldías en estudios y diseños del proyecto.
“En ese sentido, el día de hoy radicaremos la acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y, de manera separada, lo harán las empresas proponentes, porque tienen consideraciones adicionales”, aseguró William Mendieta. El secretario espera que en las próximas dos semanas el Tribunal conozca el caso, lo considere y actúe en favor del Distrito y de los bogotanos.
La Alcaldía Mayor argumentó que una de las razones para interponer esta acción judicial es que "la medida cautelar se basa en una interpretación irrazonable del artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo, al deducir erróneamente que está prohibida cualquier solución de movilidad que incluya un sistema de buses. Dicha interpretación impide construir una solución óptima para la movilidad sostenible en Bogotá, contrariando la propuesta de gobierno que fue aprobada en las urnas en 2019 y que permitía, tal y como determinaron los estudios de viabilidad, la creación de un corredor con buses eléctricos".
Agregó que "no se brindó a la Alcaldía la oportunidad de adelantar una audiencia pública en la cual se pudieran explicar las dimensiones técnicas del proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima. Esta ausencia de un diálogo técnico responsable afectó la toma de una decisión suficientemente informada en un proyecto tan trascendental para Bogotá"
Finalmente, señalaron que "la Cámara Colombiana de la Infraestructura se ha manifestado en relación con esta decisión que pone en riesgo la movilidad de miles de bogotanos, señalando que la suspensión del Corredor Verde Séptima afecta la división de poderes y los recursos públicos. La Alcaldía comparte esta preocupación, y está comprometida con garantizar que Bogotá cuente con una infraestructura de transporte que promueva la movilidad sostenible, la calidad de vida de sus ciudadanos y el desarrollo equitativo de la ciudad".