El Concejo en pleno de Montería tendrá que vérselas con la Procuraduría que le abrió investigación disciplinaria, presuntamente, porque sus miembros le concedieron facultades por 4 años de mandato al alcalde, Hugo Kerguelén García, cuando el plazo reglamentario es de 6 meses.

Los 19 cabildantes, mediante el acuerdo del primero de febrero 004-2024 otorgaron poder al burgomaestre para incorporar dentro del inventario de propiedad del municipio, bienes que no utilizaran otras entidades, situación que fue denunciada como arbitraria por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería que suspendió de manera provisional el mencionado acuerdo.

En su fallo, el juzgado advierte que el Concejo no podía autorizar facultades permanentes para que el burgomaestre celebrara contratos de enajenación de bienes inmuebles ya que son decisiones que, por orden constitucional, le competen precisamente a esa corporación que concedió de manera irregular esos derechos al mandatario hasta diciembre de 2027 cuando finaliza su periodo.

En ese sentido, para la Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba, tal como lo refirió el Juzgado, el actuar de los concejales se podría constituir en un “desprendimiento de las funciones que les fueron constitucionalmente asignadas”, razón por la que decidió abrir investigación disciplinaria en contra de los concejales: Elkin Dario Ávila, Gian Xavier Berrio Cárcamo, Álvaro Daniel Cabrales Vergara, Nacor David Díaz Ruíz, Jader Luis Garay Mestra, Miguel Andrés García Ramos, John Édison Hoyos Duque, Trino Hoyos Piñeres, Julio César Hoyos Zapata, Moisés Adiel Licona Salgado, Anyi Pacheco López, Daniel Francisco Payares Hernández,  Juan David Rangel Yánez, Duvan Yesid Sánchez Martínez, Jader Eduardo Solano Flórez, Carmelo José Tobías Cogollo, Juan Vicente Vargas Buelvas, Carlos Andrés Verbel Espitia y Pablo Cesar Villadiego Brun.