La Procuraduría General de la Nación requirió acciones inmediatas para lograr una solución a la situación de las aproximadamente 1200 familias que vienen ocupando los predios de propiedad de la Gobernación de Guainía, por cerca de 10 años, lo que implica la reubicación prioritaria de 412 familias que se encuentran apostadas en las rondas de los humedales circundantes.

La petición se elevó durante el comité de seguimiento para la atención de las situaciones relacionadas con las ocupaciones de hecho existentes en Inírida, en reunión sostenida con el alcalde (e) de esa ciudad, los secretarios municipales y departamentales de Planeación y el director seccional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible, CDA, entre otros.  

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo regional reiteraron la importancia de establecer los criterios de la administración departamental para la adjudicación de los predios, que permitan formalizar a los ocupantes y reubicar a la población ubicada en la ronda de protección hídrica, así como establecer la modalidad bajo la cual serán entregados.

El Ministerio Público también hizo énfasis en la necesidad de presentar de forma prioritaria el proyecto de ordenanza que faculte al gobernador para hacer la transferencia de dominio de los lotes.

Según el ente regulador, las entidades pertinentes asumieron el compromiso de elaborar, antes de finalizar el mes de febrero de 2024, el proyecto de ordenanza y un borrador del proyecto de acto administrativo que reglamente los criterios de inclusión de los beneficiarios, tomando en consideración las normas del orden nacional como las establecidas por el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda.