La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 17 años al director del Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota de Bogotá, Luis Francisco Perdomo Claros (2018),  quien solicitó dinero a una persona privada de la libertad (ppl) a cambio de obtener beneficios  irregularmente. 

El ente de control comprobó que, abusando de su cargo, el disciplinado exigió $ 30’000.000 a José Bayron Piedrahita Ceballos por autorizar el ingreso extraordinario de amigos y familiares al centro penitenciario para despedirse antes de ser extraditado a los Estados Unidos.

El exdirector recibió por parte de familiares del extraditable dos pagos, uno por $ 10’000.000, y el otro por $ 20’000.000 que fueron entregados en un establecimiento ubicado en la plazoleta de comidas de un hotel en Bogotá, donde fue capturado en flagrancia por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

A juicio del Ministerio Público, el entonces funcionario cometió una falta gravísima a título de dolo, pues a pesar de tener una amplia trayectoria en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) omitió su función de vigilar y custodiar a las personas privadas de la libertad, en el marco de los principios de transparencia e integridad.

Para la Entidad “no resulta admisible que el director de una institución penitenciaria se reúna solo y de manera informal por fuera de su oficina – siendo incluso en su propia oficina cuestionable –, con un familiar de una persona que está privada de la libertad, bajo su cuidado y vigilancia, máxime cuando el mismo investigado, en su intervención, señaló que había comentarios constantes de que al interior de La Picota se cobraba por absolutamente todo y que incluso se utilizaba su nombre o su cargo para ese propósito”.

Contra esta determinación la defensa de oficio de Perdomo Claros interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.